La Comisión Europea estudia un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para mitigar el impacto del alza de los precios tras el conflicto en Oriente Medio. Las petroleras advierten que este gravamen pondría en riesgo la seguridad de suministro de carburantes en plena crisis.
El impacto en la seguridad de suministro
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, han pedido a la Comisión Europea crear un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Sin embargo, las principales afectadas, las empresas petroleras, advierten que el nuevo gravamen pondría en riesgo la seguridad de suministro de carburantes.
La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), que agrupa a Repsol, Cepsa, Galp, BP y Saras, alerta de que plantear un impuesto extraordinario en Europa "pondría en riesgo la seguridad de suministro del continente, en un momento en el que ésta es la principal preocupación". En el caso de España, que tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la UE, lo que la hace menos dependiente de las importaciones de productos refinados, como el diésel o la gasolina, "supondría renunciar a una ventaja competitiva clave en estos momentos para asegurar el abastecimiento en este país".
Inversiones en riesgo
Las principales empresas petroleras españolas advierten que un impuesto sobre el sector podría poner en peligro inversiones por valor de previstas hasta 2030 para abordar la descarbonización de esta industria en su objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Esto podría tener un impacto significativo en la transición energética y en la reducción de emisiones.
