La noticia
El centro de salud Ramón y Cajal de Huesca ha abierto sus puertas, pero la inauguración ha dejado un reguero de conflictos políticos que trasciende lo simbólico. Lo que debía ser la culminación de una reivindicación de cuatro décadas se ha convertido en un pulso entre instituciones y una exclusión deliberada de los vecinos que llevaron la bandera de la reclamación.
Los hechos principales
El Gobierno de Aragón, presidido por el PP, convocó la inauguración oficial para el 27 de febrero. Las asociaciones vecinales reorganizaron sus agendas, pero el Ejecutivo autonómico suspendió el acto a última hora alegando "motivos de agenda", sin ofrecer alternativa ni nueva fecha.
La consecuencia fue inmediata: alrededor de 200 consultas fueron desprogramadas, afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. La Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio denuncia que "se usurpó el derecho a la asistencia por un protagonismo político".
Un mes después, el 26 de marzo, el presidente autonómico Jorge Azcón, el consejero de Sanidad José Luis Bancalero y la alcaldesa Lorena Orduna realizaron una visita al centro. Esa visita funcionó como una inauguración de facto, pero sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado históricamente la reivindicación.
La exclusión institucional
La lista de ausentes es reveladora. No fueron invitadas las asociaciones del barrio del Perpetuo Socorro, ni las de Santo Domingo, San Martín o el Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de este equipamiento. Tampoco asistieron representantes del anterior Gobierno de Aragón de Javier Lambán, que impulsó el proyecto, ni el subdelegado del Gobierno en Huesca, pese a que la obra ha sido financiada íntegramente con fondos estatales.
