Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que el Ejecutivo madrileño interpondrá un recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Supremo para bloquear la entrada en vigor de la regularización masiva de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Recurso legal
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ayuso, acordó presentar el recurso el próximo lunes. La medida se enmarca en la defensa de la autonomía regional frente a una normativa que, según el Ejecutivo, no contempla los recursos necesarios para su ejecución. El recurso será presentado por los servicios jurídicos de la comunidad y se dirigirá al Tribunal Supremo, que decidirá si admite la demanda y, en su caso, suspende la medida mientras se resuelve.
Argumentos del recurso
El portavoz regional Miguel Ángel García Martín ha expuesto los fundamentos de la impugnación. Señala que la regularización afecta gravemente a la prestación de servicios públicos porque no se ha previsto ningún mecanismo de financiación ni de provisión de medios. Además, afirma que la medida contraviene la normativa de la Unión Europea, al imponerse sin consultar a las comunidades autónomas.
García Martín también ha subrayado la falta de datos: "no conocemos cuántas personas se beneficiarán porque el Gobierno central no ha facilitado la información". Esta ausencia de cifras, según el portavoz, impide a la Comunidad de Madrid planificar la absorción de los nuevos beneficiarios y garantiza que la medida se convierta en un "riesgo de convivencia" y en un "desguace de los servicios públicos".
En la misma línea, el portavoz ha recordado que el Real Decreto para regularizar a medio millón de migrantes publicado en el BOEReal Decreto para regularizar a medio millón de migrantes publicado en el BOE no incluye la asignación de fondos ni la coordinación con las comunidades, lo que agrava la carga sobre los sistemas sanitarios, educativos y de vivienda.
Futuro del recurso
Si el Tribunal Supremo admite el recurso, la regularización quedará suspendida hasta que se dicte sentencia. En caso de que la demanda sea rechazada, la Comunidad de Madrid ha advertido que no colaborará en la aplicación de la medida ni facilitará los trámites a los nuevos beneficiarios.
El Ejecutivo regional ha dejado claro que, ante una posible imposición, "no vamos a colaborar con esta política del caos". Esta postura implica que los servicios de acogida, los colegios y los centros de salud podrían recibir una afluencia de personas sin los recursos necesarios, lo que, según el gobierno madrileño, generaría un efecto llamada que favorecería a organizaciones delictivas.
Aun así, la comunidad ha continuado con otras iniciativas, como el registro de objetores al aborto, que muestra su capacidad de actuar en ámbitos distintos a la política migratoriaAyuso implementa registro de objetores al aborto tras auto judicial.
Cierre
El recurso de la Comunidad de Madrid plantea un nuevo frente judicial que podría retrasar o modificar la regularización masiva. La decisión del Tribunal Supremo determinará si la medida avanza sin adaptaciones o si se obliga al Gobierno central a renegociar financiación y coordinación con las regiones, aspecto que afecta directamente a los usuarios de los servicios públicos madrileños.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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