Tercera planta del Ministerio
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, declaró ante el tribunal que en la tercera planta del despacho del ministro Ábalos se encontraban habitualmente Aldama y Koldo. La denuncia surgió durante la fase de instrucción del caso que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de puestos en ADIF.
Según su relato, la zona era un amplio hall con una puerta que debía timbrarse, custodiada por bedeles. Al abrirse, los tres aparecían reunidos sin que nadie más interveniese. "Te encuentras en un hall enorme, a la izquierda una puerta que hay que timbrar, y aparecen los bedeles; entonces a veces estaban los tres", explicó Pardo de Vera.
El abogado defensor de Aldama, Choclán, preguntó de forma incisiva sobre la naturaleza de esas reuniones, subrayando la familiaridad entre el ministro Ábalos y su defendido. "¿Y qué hay en la tercera planta?" replicó, intentando contextualizar el entorno como un espacio de informalidad que podría facilitar acuerdos.
Contratación irregular
En el mismo proceso judicial se presentó un mensaje de WhatsApp enviado por Koldo a Pardo de Vera, en el que exigía la contratación de Jésica Rodríguez bajo la amenaza "si no, José me corta los huevos". El texto completo pedía que llamaran a la candidata para iniciar los trámites como administrativa de José García, hermano de Koldo y empleado en Ineco.
Pardo de Vera sostuvo que había recibido el currículum de Jésica y lo remitió sin intervenir ni conocer a la postulante. "Lo envié porque me lo pasó Koldo de parte del ministro; no conocía a la señora y no sabía a qué venía", afirmó, añadiendo que su única acción fue poner el documento en circulación.
El mensaje revela una presión directa sobre la contratación, lo que abre la posibilidad de que la designación haya sido fruto de un chantaje interno más que de mérito profesional. La defensa de Aldama ha intentado minimizar la relevancia del mensaje, alegando que el intercambio de currículos es habitual en la administración.
Repercusiones políticas
Durante la audiencia, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta interrumpió a Pardo de Vera para evitar que se autoincriminara, indicando la sensibilidad del testimonio. La medida sugiere que el juzgado considera que la declaración podría afectar tanto al proceso penal como a la esfera política.
Los analistas prevén que, de confirmarse la coacción, el caso podría derivar en una causa penal por cohecho y prevaricación. Además, la implicación del ministro Ábalos podría desencadenar una crisis de confianza en el Gobierno, con posibles mociones de censura o dimisiones en el Ministerio.
En el plano parlamentario, varios grupos han pedido la apertura de una comisión de investigación para esclarecer el uso de la tercera planta como punto de encuentro informal. La presión se intensifica tras la publicación de la denuncia, que ya ha sido citada en otras investigaciones, como la que trata el caso de conflicto de intereses de Jésica Rodríguez en ADIF (Isabel Pardo de Vera acusa conflicto de intereses en la renovación de Jésica Rodríguez).
Asimismo, la situación recuerda a otros escándalos de adjudicación irregular, como el caso de Les Naus, donde un funcionario de Vivienda admitió irregularidades en la concesión de obras (VPP en Les Naus: funcionario de Vivienda admite adjudicación irregular). Estas comparaciones aumentan la presión sobre el Ejecutivo para demostrar transparencia.
El futuro inmediato dependerá de la decisión del tribunal respecto a la admisión de pruebas y la posible apertura de una fase de juicio oral. Si se dictara una sentencia condenatoria, los responsables podrían enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Políticamente, la oposición ya ha anunciado que exigirá la dimisión del ministro Ábalos si se confirma cualquier vínculo directo con la contratación de Jésica Rodríguez. El Gobierno, por su parte, ha defendido que todas las contrataciones siguen los procedimientos legales y que la investigación es independiente.
En conclusión, el escándalo de la tercera planta del Ministerio ha puesto en el centro del debate la ética en la gestión pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno. La ciudadanía espera respuestas claras y la justicia, una resolución que restablezca la confianza en las instituciones.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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