San Isidro, Tenerife – 10 de marzo de 2026. Un menor con 65 % de discapacidad sufrió una agresión física a manos de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años. El hecho fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, lo que ha generado una fuerte reacción pública.
Agresión a menor con discapacidad en San Isidro, Tenerife
La agresión tuvo lugar en una zona residencial de San Isidro. Tres de los jóvenes intervienen directamente, mientras que el cuarto grabó el episodio. La grabación se viralizó en plataformas sociales, ampliando la gravedad del caso al exponer al menor a un público amplio.
Detalles de la agresión y la respuesta de la familia
La madre del menor, al enterarse semanas después a través de otra madre, decidió publicar el vídeo para evitar que se repitan hechos similares. "Exigimos que la Fiscalía actúe con urgencia para proteger a mi hijo y a otros menores vulnerables", declaró. El menor recibe ahora atención psicológica especializada y el IASS del Cabildo de Tenerife ha iniciado una evaluación psicosocial.
Contexto de violencia infantil en Canarias y retos institucionales
Según el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, en 2025 Canarias registró 1.247 casos de maltrato infantil, un 18 % más que en 2024; de esos, 312 involucraron a menores con discapacidad. En el sur de Tenerife, el IASS intervino en 89 casos similares en el primer trimestre de 2026, 24 de los cuales requirieron hospitalización. La Fiscalía de Menores de Santa Cruz procesó 156 denuncias por agresiones físicas a menores en 2025, 42 en zonas rurales como San Isidro.
La Consejería de Educación no ha podido activar el protocolo de acoso escolar porque los agresores no pertenecen al mismo centro educativo, limitando la intervención del ámbito escolar y trasladando la responsabilidad al sistema judicial. La consejera de Derechos Sociales, Beatriz Hernández, afirmó que "este caso exige una respuesta inmediata de la Fiscalía". El fiscal superior, María Dolores Mateo Padrón, confirmó que la denuncia está siendo priorizada.
Para entender mejor la respuesta institucional, se pueden consultar casos recientes como la decisión del Supremo obliga a reescribir sentencia del subinspector J.R. por revelación de secretos que muestra la rapidez con la que los tribunales pueden actuar ante vulneraciones de derechos.
La familia teme que la difusión del vídeo cause daño psicológico a largo plazo y solicita medidas de protección para evitar nuevas agresiones. La presión social y la cobertura mediática han puesto la Fiscalía bajo escrutinio, y se espera una resolución que sirva de precedente para futuros casos de violencia contra menores con discapacidad.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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