Junts per Catalunya ha anunciado su intención de bloquear el despliegue del decreto‑ley que regulariza a 500.000 inmigrantes en situación irregular. La decisión se tomó el 17 de abril de 2026 y se produce en el marco de una alianza con el PP y Vox, que también critican la norma. El Gobierno central aprobó el texto sin pasar por votación en el Congreso, argumentando que la medida es un "hito" de la legislatura.
Motivos de la oposición y acciones legales previstas
Junts sostiene que el decreto excluye el catalán como requisito para la obtención de la residencia. "Se excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia", afirmó la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. El texto menciona el catalán solo de forma opcional, en un informe de arraigo que se aplicaría a casos concretos, y los trámites en línea del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no están disponibles en esa lengua.
El partido denuncia que la falta de traducción vulnera directivas europeas y margina una lengua cooficial. Por ello, su departamento jurídico está preparando una denuncia ante las instituciones europeas y ha anunciado la interposición de recursos judiciales en todas las cámaras donde tiene representación. La medida se detalla en el comunicado oficial de Junts, que también menciona una "ofensiva política e institucional" contra el Real Decreto.
Además, Junts advierte que la regularización provocará un grave colapso de los servicios municipales en Cataluña. Según el partido, los ayuntamientos carecen de recursos y personal suficiente para gestionar la avalancha de solicitudes, lo que podría afectar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Escenarios futuros y posibles consecuencias políticas
El partido independentista pretende judicializar el decreto y ejercer presión sobre el Govern de Salvador Illa para que modifique la normativa. La estrategia incluye solicitar al Tribunal Constitucional que anule la norma por vulnerar derechos lingüísticos y administrativos.
Si la acción judicial prospera, el Gobierno central podría verse obligado a revisar el texto o a negociar nuevas condiciones, lo que retrasaría la puesta en marcha de la regularización. La polémica también podría intensificar la tensión entre Madrid y la administración catalana, reavivando debates sobre competencias autonómicas en materia de inmigración.
En el plano parlamentario, la oposición de Junts se suma a la moción aprobada en marzo de 2026, impulsada por PP, Vox, Junts y UPN, que pedía al Gobierno renunciar a la regularización extraordinaria. Aunque la moción carece de fuerza vinculante, refleja un amplio bloque de partidos que comparten la crítica al proceso.
El Gobierno central defiende la medida señalando su "triple legitimidad" –social, política y económica– y citando estudios de la patronal Foment del Treball, que advierten de una escasez de 140.000 inmigrantes al año si no se mantiene la llegada de mano de obra extranjera. El partido independentista, sin embargo, considera que la falta de control y recursos hace inviable la operación.
Qué puede pasar a continuación
En los próximos días se esperan los primeros recursos judiciales y la presentación formal de la denuncia ante la UE. Si los tribunales aceptan la demanda, el Gobierno podría verse forzado a incluir el catalán como requisito obligatorio o, al menos, a ofrecer los trámites en esa lengua.
Mientras tanto, los ayuntamientos catalanes se preparan para gestionar un flujo masivo de solicitudes con recursos limitados. La presión sobre los servicios municipales podría traducirse en demoras, colas y posibles conflictos con la ciudadanía local.
En cualquier caso, la controversia sobre la regularización de migrantes y la inclusión del catalán seguirá siendo un tema central en la agenda política española durante los próximos meses, con repercusiones tanto a nivel nacional como europeo.
