Multas de tráfico en Cataluña: un tercio sigue sin pagar

Multas de tráfico en Cataluña: un tercio sin pagar

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tramitado 4.366.260 sanciones de tráfico entre 2023 y 2025. De ese total, 2.779.081 se abonaron voluntariamente, mientras que el 36,4 % —más de 1,5 millones de multas— siguen sin pagar.

Ese cúmulo de impagos representa la mayor carga pendiente de la administración catalana en materia de infracciones de circulación. Cada multa no cobrada supone una pérdida de ingresos que se traduce en menos recursos para la mejora de la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura. El déficit también repercute en la percepción de la ciudadanía, que ve la falta de sanciones efectivas como una señal de debilidad institucional.

Causas del impago y proceso de recaudación

Una vez vencido el plazo de pago, el expediente pasa a la vía ejecutiva gestionada por la Agència Tributària de Catalunya (ATC). La ATC intenta cobrar la deuda mediante embargos y recaudación forzosa, aunque el éxito de estas actuaciones no está garantizado.

El proceso resulta especialmente difícil con conductores extranjeros, que constituyen solo el 10 % de las sanciones pero presentan una tasa de impago del 58,3 %, alcanzando el 63,8 % en 2025. La falta de domicilio fiscal en España complica la ejecución. Esta situación obliga a la ATC a recurrir a acuerdos bilaterales que, hasta la fecha, han producido resultados limitados.

Diferencias territoriales y entre conductores locales y extranjeros

A nivel territorial, el Camp de Tarragona y les Terres de l'Ebre encabezan la lista con un 41,1 % de impagos, superando la media catalana. Barcelona sigue de cerca con un 37 %, lo que equivale a más de 1,3 millones de conductores sancionados.

En contraste, Girona registra un 34,3 % y Lleida el menor índice, 29,6 %, situándose por debajo de la media. Estos datos reflejan tanto la densidad de tráfico como la eficacia de los controles locales y la cultura de cumplimiento. Los datos sugieren que la combinación de campañas locales y mayor control policial ha contribuido a la mejoría observada en Lleida.

Los conductores extranjeros, pese a su baja representación, concentran la mayor parte del déficit recaudatorio. La ATC ha contratado una empresa especializada que envía notificaciones en el idioma del titular y, cuando es posible, desde el país de origen, intentando recuperar parte de la deuda.

Sin embargo, cuando el titular no tiene domicilio en España, la vía ejecutiva no se aplica por la complejidad y el coste de los trámites internacionales. En la práctica, esas multas dependen exclusivamente de la voluntad de pago del infractor.

El elevado nivel de impagos afecta directamente al presupuesto de la Generalitat, que destina recursos a la gestión del tráfico y a campañas de concienciación. Recuperar incluso una fracción de esas multas permitiría financiar mejoras en señalización y controles electrónicos. Una mayor recaudación permitiría, por ejemplo, la ampliación de la red de cámaras de velocidad en carreteras secundarias. Este déficit también se refleja en la presión fiscal que afecta a sectores como las exportaciones, como se analizó en Exportaciones catalanas a EE. UU caen un 8 % tras aranceles del 20 % de Trump.

Para intentar revertir la tendencia, el SCT está evaluando la ampliación del sistema multilingüe y la colaboración con autoridades de otros Estados miembros de la UE. La experiencia vasca en la gestión del aeropuerto de Barcelona, descrita en Modelo vasco para la gestión del aeropuerto de Barcelona aprobado por Gobierno y Generalitat, podría servir de referencia.

Mientras tanto, los conductores residentes deben ser conscientes de que la impunidad es temporal. La ATC intensificará los embargos sobre cuentas y bienes, y las sanciones podrán incrementarse con recargos por mora, lo que encarece aún más el coste del incumplimiento. Los usuarios que ignoren la advertencia podrían enfrentarse a la inmovilización del vehículo o a la prohibición de renovar el permiso de circulación.

En resumen, más de un tercio de las multas de tráfico en Cataluña siguen sin pagar, con disparidades marcadas entre comarcas y entre residentes y extranjeros. La presión para mejorar la recaudación será un tema recurrente en la agenda de la administración de tráfico durante los próximos meses.