Sentencia del TJUE sobre la contratación temporal abusiva en la Administración
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el 14 de abril de 2026 la sentencia del caso C‑418/24 (Obadal). En ella se rechaza que la categoría de "indefinido no fijo" sea una solución adecuada al abuso de contratos temporales en la función pública española.
Detalles de la decisión y sus fundamentos
El tribunal consideró que la indemnización prevista —20 días de salario por año de servicio, con un techo de 12 mensualidades— no constituye una medida disuasoria suficiente. La trabajadora del Instituto Nacional de Salud había demandado 162.644,39 € por la acumulación de contratos temporales sucesivos. El TJUE desestimó esa petición, al entender que la compensación es demasiado baja para prevenir el fraude de ley.
En sus consideraciones, el TJUE subrayó que la mera reclasificación a indefinido no fijo mantiene al trabajador en situación de precariedad y no elimina la posibilidad de extinción cuando se cubra la vacante mediante proceso selectivo. Además, el tribunal señaló que el régimen español no sanciona adecuadamente los incumplimientos ni garantiza una reparación real del perjuicio.
Posibles repercusiones para la Administración pública española
La sentencia obliga al Estado a revisar sus mecanismos de estabilización. Se espera que el Gobierno impulse reformas legislativas que sustituyan la figura de indefinido no fijo por una clasificación que otorgue fijeza real a los trabajadores afectados por la temporalidad abusiva.
Los tribunales nacionales deberán aplicar criterios más estrictos al valorar la existencia de fraude de ley. Asimismo, la administración tendrá que diseñar procesos de estabilización que cumplan la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE, garantizando una indemnización que realmente desincentive la contratación temporal reiterada.
Esta decisión podría desencadenar una ola de recursos judiciales por parte de empleados públicos que consideran vulnerados sus derechos. La presión política para modificar la normativa se intensifica, y el debate en el Congreso sobre la eliminación de la figura de indefinido no fijo se reaviva.
"El régimen actual no sanciona de forma efectiva los abusos, y la indemnización prevista no es suficiente para reparar el daño", declaró el propio TJUE en el apartado 65 de la sentencia.
Los próximos pasos incluyen la posible presentación de una nueva cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo y la revisión de la normativa por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Trabajo. La administración debe actuar antes de que los tribunales nacionales impongan decisiones que podrían obligar a pagos masivos de indemnizaciones.
Para entender mejor el contexto europeo, véase la cobertura de la Comisión Europea descarta competencia del TJUE en el caso de los ERE.
En definitiva, la sentencia del TJUE marca un punto de inflexión. La administración pública española tendrá que replantear su política de contratación para evitar sanciones y garantizar la estabilidad laboral de sus empleados.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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