Renuncia de la exinterventora a la VPO de Alicante
Sira Pérez, exinterventora delegada de Hacienda y Modelo Económico en la Generalitat, renunció el 18 de febrero de 2026 a la vivienda de protección oficial (VPO) que le había sido adjudicada en Alicante el 13 de febrero, cinco días después de que se hiciera pública su asignación.
Detalles de la adjudicación y la renuncia
La adjudicación se realizó en febrero de 2026. Pérez declaró una unidad de convivencia con sus dos hijos y reportó ingresos de 57.888 €, equivalentes a 6,89 veces el IPREM, apenas por encima del límite máximo de 6,9 veces el IPREM para el expediente. Presentó un certificado de no propiedades que solo incluía sus datos, omitiendo la información patrimonial y de ingresos de su cónyuge, que vive bajo separación de bienes.
El requerimiento de la Conselleria de Vivienda del 9 de febrero fue respondido el 10, pero el escrito de renuncia del 18 no aportó los datos solicitados. Un segundo requerimiento, fechado el 26 de febrero, exigía la información del cónyuge; a la fecha del informe, Pérez no había respondido, lo que impide confirmar si cumplía los requisitos de acceso a la VPO.
Contexto del escándalo de VPO en Alicante
La jueza que investiga el caso ha citado a declarar a 15 personas, entre ellas exconcejales, funcionarios y familiares, por presuntas adjudicaciones fraudulentas de VPO en Alicante. Entre los investigados están la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió al conocerse su asignación, y el arquitecto municipal Francisco Nieto. El alcalde de Sant Joan, Santiago Román (PP), ha señalado que no tomará medidas mientras no haya una resolución judicial.
