Prioridad nacional: qué es y quién la impulsa
Los gobiernos de cinco comunidades autónomas han aprobado acuerdos bajo el nombre de arraigo o *prioridad nacional. Estos pactos buscan que, en la concesión de derechos como la vivienda pública, la asistencia sanitaria o la regularización, se dé preferencia a los españoles. La iniciativa se está implementando en la primavera de 2026 y cuenta con el respaldo de los presidentes regionales de esas comunidades.
Motivaciones y críticas al proyecto
Los promotores argumentan que la medida responde a la presión sobre los servicios públicos y a la necesidad de proteger a la población residente. Según el presidente de una de las comunidades, "es una cuestión de justicia social para los ciudadanos que han contribuido durante toda su vida". Sin embargo, los críticos, entre ellos organizaciones de derechos humanos y el Gobierno central, denuncian que la política vulnera la Constitución, la normativa europea y los principios de igualdad. Señalan que la discriminación por nacionalidad afecta especialmente a migrantes y menores extranjeros, cuya protección está garantizada por la legislación internacional. En un comunicado, el Ministerio del Interior recordó que "los derechos fundamentales no dependen del pasaporte" y advirtió sobre posibles recursos ante el Tribunal Constitucional.
