Energía nuclear en España: Gobierno inicia cierre 2027 mientras eléctricas piden extensión

Futuro inmediato de las nucleares españolas

El Ejecutivo anunció que el programa de cierre escalonado de las centrales nucleares comenzará en 2027 y se completará en 2035. La medida forma parte del objetivo de descarbonización y de la política energética trazada tras la crisis energética de 2022. Simultáneamente, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP han presentado un proyecto para prolongar la vida operativa de los 10 reactores que aún generan electricidad.

Esta propuesta se sustenta en inversiones de más de 1.500 millones de euros para modernizar sistemas de seguridad y en la expectativa de mantener la capacidad de generación base. Las compañías argumentan que la extensión evitaría una mayor dependencia de importaciones y garantizaría la estabilidad del suministro durante la transición a renovables.

Detalles del plan de cierre y la propuesta de extensión

El calendario oficial fija cierres progresivos: tres unidades en 2027, otras tres en 2030 y el resto entre 2032 y 2035. Cada cierre obedecerá criterios de seguridad definidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, que incluyen la edad del reactor, el estado de los componentes críticos y los resultados de inspecciones anuales.

Las eléctricas, por su parte, solicitan una ampliación de 10 a 15 años para cada reactor, respaldada por un programa de sustitución de piezas clave y la instalación de sistemas de monitoreo digital. El plan contempla una inversión adicional de 800 millones de euros en investigación y desarrollo de tecnologías de gestión de residuos.

En el debate también se menciona la moratoria nuclear de 1986, que paralizó la construcción de cinco centrales y marcó una pausa histórica en la expansión del parque. Esa decisión, impulsada por la presión social tras el accidente de Chernóbil, sigue influyendo en la percepción pública de la energía nuclear.

Escenarios futuros y posibles consecuencias

Si el cierre programado se cumple, España dependerá en mayor medida de energía eólica, solar y de importaciones de gas, lo que podría elevar los precios de la electricidad y requerir nuevas infraestructuras de almacenamiento. Además, la pérdida de capacidad nuclear base aumentaría la presión sobre la red eléctrica en momentos de alta demanda.

En el escenario alternativo, la aprobación del plan de extensión mantendría la generación nuclear en torno al 20 % del mix energético nacional. Sin embargo, el debate se centraría en los costes de la inversión, la gestión de residuos y los riesgos de seguridad asociados a la operación prolongada de instalaciones diseñadas para una vida útil limitada.

Los analistas advierten que la decisión tendrá repercusiones en la política energética europea, ya que España es uno de los pocos países de la UE que conserva una parte significativa de energía nuclear. La opción elegida también influirá en la capacidad del país para cumplir sus compromisos climáticos y en la competitividad de la industria eléctrica.

«La extensión de la vida útil de los reactores es una medida prudente para garantizar la seguridad del suministro mientras avanzamos hacia una matriz más renovable», declaró el portavoz de Endesa.

En los próximos meses el Gobierno evaluará los informes técnicos y financieros presentados por las compañías, y decidirá si autoriza la ampliación o mantiene el calendario de cierre. La decisión será crucial para el futuro energético de España y para la factura eléctrica de los consumidores.