Orden judicial y calendario de desalojos
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badalona ha dictado 39 órdenes de expulsión contra los ocupantes de 58 pisos situados en seis edificios públicos del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Las resoluciones se ejecutarán entre junio y diciembre de 2024, según ha confirmado el Ayuntamiento.
Las órdenes fueron emitidas tras la denuncia presentada por el Consorcio de La Mina, entidad integrada por la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y la Diputación. Cada orden especifica la fecha y la hora en que la policía procederá al desalojo.
Detalles del proceso y la protesta de los ocupantes
El calendario contempla desalojos simultáneos; en algunos días están previstos tres o cuatro operativos. Los avisos llegaron a los domicilios en los últimos meses y los ocupantes fueron informados de la obligatoriedad de abandonar los inmuebles.
El lunes pasado, cientos de manifestantes se congregaron frente al consistorio para exigir una solución habitacional. «No tenemos otro techo donde refugiarnos. Vamos a resistir en los pisos», declaró una mujer que forma parte del grupo de ocupantes.
Los manifestantes acusan al Consorcio de incumplir promesas de alquiler social. Según el sindicato Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, el consorcio había asegurado la regularización de varias familias mediante contratos de alquiler, promesa que ahora consideran revocada.
La protesta se ha mantenido pacífica, aunque los ocupantes advierten que podrían impedir el acceso de la policía a los edificios. La policía ha reiterado que cumplirá la orden judicial y que cualquier resistencia será gestionada conforme a la ley.
Próximos pasos y posibles repercusiones
Si los desalojos se llevan a cabo, los 58 pisos quedarán vacíos y el Consorcio deberá garantizar una alternativa habitacional para los desplazados. La falta de una solución inmediata podría derivar en nuevas ocupaciones o en litigios judiciales contra la administración.
El Consorcio de La Mina ha anunciado que está revisando su programa de alquiler social para acoger a las familias afectadas, pero no ha fijado un calendario concreto. Sant Adrià invierte 35 millones en la modernización de sus polígonos industriales.
En caso de que la resistencia sea significativa, el Ayuntamiento ha previsto la intervención de la Guardia Urbana para garantizar la ejecución de las órdenes sin que se produzcan incidentes mayores.
El conflicto pone de relieve la dificultad de gestionar viviendas vacías en barrios con alta demanda de alquiler protegido. La experiencia de La Mina podría servir de precedente para futuros procesos de desalojo en la zona metropolitana.
Mientras tanto, los residentes que permanecen en los edificios ocupados continúan reclamando una respuesta rápida. «Necesitamos un techo digno, no una amenaza de desalojo», repitió otro manifestante durante la concentración.
El Ayuntamiento de Sant Adrià ha indicado que colaborará con la Generalitat para encontrar soluciones de reubicación, aunque reconoce que los recursos son limitados.
La fecha límite de diciembre de 2024 marca el cierre del calendario judicial. Si al final del año quedan pisos sin desalojar, el juzgado podría emitir nuevas órdenes o ampliar el plazo.
Este caso vuelve a poner en el foco la necesidad de una política de vivienda que combine la construcción de nuevos inmuebles con la gestión eficaz de los ya existentes, evitando que viviendas públicas permanezcan deshabitadas durante años.
En conclusión, el desalojo de los 58 pisos de La Mina representa un punto crítico para la gestión de la vivienda social en la región y una prueba de la capacidad de las instituciones para responder a la presión ciudadana.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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