Contrato con Quirón en Rivas‑Vaciamadrid: 225.000 € en servicios de sanidad privada
El consistorio de Rivas‑Vaciamadrid ha firmado tres convenios con Quirón Prevención que suman 222.772,13 €. Los acuerdos, celebrados en 2021, 2023 y 2025, cubren servicios de atención médica privada para empleados municipales.
En 2024 el municipio pagó 483.000 € en seguros médicos privados a sus funcionarios, una cifra que supera el total de los contratos con Quirón. La información proviene de la sede electrónica del ayuntamiento.
Detalles de los contratos y la polémica del PP
El primer contrato, adjudicado en enero de 2021, fue de 38.545 € por un año y se prorrogó otro año por la misma cantidad. En febrero de 2023 se firmó un segundo acuerdo por 38.858,89 €, también de un año, prorrogado a lo largo de 2024. El tercer contrato, fechado en marzo de 2025, asciende a 67.964,35 €.
Sumados, los tres convenios alcanzan 222.772,13 €. A estos se suma el seguro médico anual de 483.000 €, que cubre a todo el personal municipal.
El Partido Popular ha calificado la gestión de la alcaldesa Aída Castillejo de hipocresía. "Son los clientes preferentes de aquello que dicen combatir. Basta de teatro", recrimina el PP, señalando la contradicción entre la crítica pública a la sanidad privada y la contratación de servicios privados.
Los populares acusan a la coalición de usar la sanidad pública como arma política contra el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el propio PP. Consideran que los contratos demuestran un doble discurso que socava la credibilidad del gobierno municipal.
Contexto político y posible repercusión
El debate sobre la colaboración público‑privada en la Comunidad de Madrid se ha intensificado en los últimos meses. La alcaldesa ha intensificado sus reproches al modelo sanitario de Ayuso, reclamando más recursos para la atención primaria.
La oposición municipal, liderada por el PP, exige la revisión de los contratos y la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Señalan que la suma destinada a seguros privados supera el total de los acuerdos con Quirón, lo que, según ellos, evidencia una prioridad equivocada.
El gobierno municipal, por su parte, defiende la necesidad de contar con seguros privados para garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados, argumentando que la contratación es una práctica habitual en la administración local.
Si la presión del PP se mantiene, es probable que se convoquen sesiones de control en el pleno municipal para examinar la legalidad y la conveniencia de los contratos. Asimismo, la cuestión podría escalar a la Asamblea de Madrid, donde la oposición regional podría solicitar una auditoría externa.
En cualquier caso, la polémica pone de relieve la tensión entre la ideología de la coalición de izquierdas y la realidad administrativa, obligando a los ciudadanos a preguntar si la crítica a la sanidad privada se traduce en acciones coherentes con sus principios.
Qué puede pasar ahora: la alcaldesa podría justificar los contratos como una medida de protección social para los empleados, mientras que el PP podría presentar una moción de censura o solicitar la rescisión de los acuerdos si se demuestra un uso indebido de fondos. La decisión que tome el pleno municipal influirá en la percepción pública de la gestión sanitaria local y en la confianza de los votantes en la coalición gobernante.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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