El 6 de abril de 2026, la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares escuchó al comisario Felipe Lacasa, quien afirmó que Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, dirigió los pagos de fondos reservados a José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo. La declaración se produce tras las comparecencias de altos cargos del Partido Popular y abre una nueva fase en el caso de presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
La identificación de Pino como la "X" policial ha sorprendido a la justicia, pues hasta ahora se desconocía quién autorizaba esas transferencias personales. El testimonio de Lacasa llega después de que el tribunal escuchara a figuras como el ex presidente Mariano Rajoy y su entonces número dos, Soraya Sáenz de Santamaría.
Comisario Felipe Lacasa declarando en la Audiencia Nacional, San Fernando de Henares, el 6 de abril de 2026
Operación Kitchen: Eugenio Pino señalado como responsable de los pagos policiales
Lacasa, que se autodefinió "cajero pagador", explicó que los fondos se abonaban directamente a los tres agentes sin pasar por ninguna unidad operativa. Aseguró que estos casos fueron los únicos de carácter excepcional dentro de la DAO, que él dirigía como secretario general desde septiembre de 2013. La información se confirmó mediante las agendas internas del comisario y la investigación del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.
Los pagos consistían en 2.000 euros mensuales a cada agente, destinados a financiar la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a cambio de información. Los fondos provienen del presupuesto reservado de la DAO, un fondo que normalmente se utiliza para operaciones discretas y que ahora está bajo escrutinio. La práctica de transferir dinero de forma personal contraviene los protocolos habituales de la Policía Nacional.
Documento interno que muestra la transferencia de fondos reservados a agentes policiales
Detalles de los pagos y su carácter excepcional
Lacasa confirmó que no existen otros pagos similares a unidades policiales, subrayando la excepcionalidad de los tres casos mencionados. Señaló que los pagos se realizaron sin autorización formal de la cadena de mando, lo que los convierte en una irregularidad grave. Además, explicó que Villarejo y Gómez Gordo actuaron como intermediarios para reclutar a Sergio Ríos, quien facilitó el espionaje a Bárcenas.
Enrique García Castaño, apodado "El Gordo", ha sido excusado del banquillo por una grave enfermedad cardíaca, mientras que Villarejo y Gómez Gordo siguen bajo investigación. La salud de García Castaño impide su comparecencia, pero su nombre permanece en el proceso.
Posibles repercusiones judiciales tras la revelación
Identificar a Pino como la figura clave podría ampliar la investigación de la Operación Kitchen, con la posibilidad de imputar a altos cargos del CNP y de la Guardia Civil por malversación y encubrimiento. Los fiscales podrían solicitar nuevas diligencias contra Pino, incluyendo la acusación por uso indebido de fondos públicos y obstrucción a la justicia.
El caso reactiva el debate público sobre la supervisión de los fondos reservados y la necesidad de reforzar los controles internos del Ministerio del Interior. Partidos de la oposición exigen una investigación parlamentaria para evitar futuras irregularidades.
La próxima audiencia, prevista para finales de abril, decidirá si se dicta una orden de detención contra Pino y si se amplían los cargos contra otros funcionarios. La decisión del tribunal marcará un punto de inflexión en el escándalo que ha sacudido a la política y a las fuerzas de seguridad españolas.
