El subdirector de Emergencias del Cecopi, Jorge Suárez, declaró que el centro recibió información sobre inundaciones en Picanya, Paiporta y Ribarroja a las 19:00 del pasado lunes, mucho antes de que se enviara el primer mensaje de alerta a la ciudadanía.
Cecopi supo de inundaciones en el Poyo una hora antes del ES Alert
Suárez explicó que la reunión de máximos responsables, presidida por la entonces consellera Salomé Pradas, se enteró de la situación a esa hora, según confirmó también un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La información llegó de fuentes diversas: mensajes y vídeos privados, llamadas al 112 y avisos de alcaldes de los municipios afectados.
Cómo llegó la información y decisiones operativas
Los datos se recopilaron a través de mensajes y vídeos enviados por ciudadanos, llamadas de emergencia al 112 y notificaciones de los alcaldes de Picanya, Paiporta y Ribarroja. Con esa información, el Cecopi elevó el nivel de emergencia a 2 a las 19:20, pero la solicitud de intervención provincial de la UME se realizó solo a las 20:30, pese a que la unidad ya estaba operativa en la comarca de Utiel‑Requena desde la mañana.
Se enviaron dos ES Alert: el primero a las 20:11, que pedía a la población *suspender sus desplazamientos; y el segundo, a las 20:40, que instruía a *permanecer en casa. El retraso entre la elevación de la emergencia y la petición a la UME generó críticas sobre la coordinación interna.
Posibles repercusiones judiciales y operativas
Durante el juicio de la dana, la magistrada consideró erróneo el primer ES Alert por no incluir la orden de permanecer en casa, lo que podría derivar en sanciones para la gestión del Cecopi y en una revisión de los protocolos de alerta. Suárez defendió que la medida inicial buscaba prevenir la movilidad, pero aceptó que el mensaje se suavizó posteriormente.
La consellera Pradas había planteado dudas jurídicas sobre la legalidad de confinar a la población, citando precedentes de la pandemia. Tras consultar al secretario de Presidencia y a la Abogacía de la Generalitat, se confirmó que la Ley de Emergencias permite tal medida.
El caso podría implicar revisiones de los procedimientos de aviso y una mayor exigencia de claridad en los mensajes dirigidos a la ciudadanía. Además, la diferencia entre la información recibida a las 19:00 y la activación completa de la UME a las 20:30 podría ser objeto de análisis para evitar retrasos en futuras emergencias.
Para la población de la zona del barranco del Poyo, la falta de una orden clara en el primer mensaje generó incertidumbre y dificultades para organizar la evacuación y la protección de bienes. La experiencia también plantea la necesidad de mejorar la recepción y procesamiento de datos provenientes de fuentes privadas y oficiales.
En los próximos días, el juzgado de Catarroja seguirá valorando las declaraciones y los documentos presentados, mientras el Cecopi revisa sus protocolos internos. La comunidad espera que se establezcan mecanismos más ágiles y transparentes para la emisión de alertas, evitando errores que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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