La UE ha aprobado una reforma que autoriza a los Estados miembros a limitar determinadas prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios que no tengan empleo ni un vínculo suficiente con el sistema de seguridad social del país de residencia. La decisión, respaldada por el Parlamento Europeo, busca acabar con los conflictos de "limbo legal" entre administraciones nacionales y reforzar la seguridad jurídica.
UE aprueba nuevas normas para limitar prestaciones sociales a ciudadanos sin vínculo laboral
La medida entra en vigor a partir del 1 de julio de 2026 y afecta principalmente a ayudas asistenciales y familiares vinculadas a la residencia. Los gobiernos podrán negar o reducir estas prestaciones cuando el beneficiario no esté cotizando ni esté cubierto por el régimen de seguridad social nacional.
Esta restricción se aplicará tras una evaluación de la situación laboral del solicitante, que deberá demostrar una relación mínima de 12 meses con el sistema de seguridad social del Estado receptor para acceder a los beneficios completos.
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La Comisión Europea explica que la reforma clarifica quién asume el coste de cada prestación, evitando que varios países se disputen la responsabilidad. "El objetivo es ofrecer criterios claros y evitar abusos en el acceso a ayudas públicas", afirmó el portavoz de la Comisión.
