Resumen de los hechos
La menor, de 5 años, vivía con una familia de acogida en el centro especializado de Asturias. El pasado jueves, sus padres biológicos acudieron a una visita supervisada y, tras agredir a una educadora, se llevaron a la niña sin autorización.
Detalles de la sustracción y actuación de las autoridades
La agresión se produjo en el área de encuentro del centro, donde el personal supervisaba la interacción entre la menor y sus progenitores. Según informó el portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la visita estaba prevista y autorizada por la administración autonómica, pero la agresión cambió la dinámica y los padres aprovecharon el momento para sustraer a la niña.
Inmediatamente, el personal del centro denunció los hechos ante la Fiscalía de Menores de Asturias y se formalizó una denuncia en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. La Policía Nacional tomó el caso, lo elevó al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y emitió una alerta ciudadana solicitando la colaboración de la población para localizar a la menor y a sus padres.
El CNDES difundió la alerta a través de sus canales habituales, indicando la descripción de la niña, la ropa que llevaba y los datos de los padres. La alerta incluye la petición de que cualquier información, por mínima que sea, se comunique a la Policía Nacional o a la Fiscalía.
Nuevo protocolo autonómico
Tras el incidente, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar activó un nuevo protocolo diseñado para actuar con mayor diligencia en casos de fuga o desaparición de menores tutelados. El protocolo establece procedimientos claros para la coordinación entre servicios sociales, la policía y los órganos judiciales, así como la puesta en marcha inmediata de alertas de búsqueda.
Este mecanismo, que ya estaba en fase piloto, se implementó de forma definitiva tras la sustracción, con el objetivo de evitar retrasos en la localización de menores bajo tutela y de reforzar la supervisión durante las visitas familiares.
Posibles desarrollos y búsqueda de la menor
Las investigaciones continúan. La Fiscalía de Menores ha abierto un expediente penal por sustracción de menor y lesiones a la educadora. La Policía Nacional ha desplegado unidades de búsqueda y ha solicitado la colaboración de los servicios de protección civil y de los medios de comunicación locales.
Se han activado equipos de rastreo telefónico y se revisan las cámaras de seguridad del centro y de los alrededores. Además, se ha puesto en marcha un registro de vehículos sospechosos que pasaron por la zona en el momento de la sustracción.
Los padres biológicos, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad, están siendo buscados mediante órdenes de detención emitidas por el juzgado competente. La prioridad es garantizar la seguridad de la menor y evitar que sea trasladada fuera de la comunidad.
Implicaciones para la comunidad
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los menores en régimen de acogida y la necesidad de reforzar los controles durante las visitas familiares. La activación del nuevo protocolo muestra la voluntad de la administración asturiana de mejorar la protección y la respuesta rápida ante situaciones de riesgo.
Los vecinos de la zona han sido convocados a prestar cualquier información que pueda ayudar a localizar a la niña y a sus padres. La alerta ciudadana ha generado una respuesta solidaria, con varias denuncias anónimas que ya están siendo analizadas por la policía.
Qué sigue
En los próximos días se espera que la Fiscalía solicite medidas cautelares contra los padres, como la prohibición de acercarse a cualquier centro de acogida. La Policía mantendrá la alerta activa hasta que la menor sea encontrada y puesta a salvo.
La comunidad educativa del centro ha pedido reforzar la capacitación del personal para manejar situaciones de conflicto y ha solicitado una revisión de los protocolos de visita, aunque la administración asegura que el nuevo marco regulatorio ya cubre esas necesidades.
En conclusión, la sustracción de la menor ha desencadenado una serie de actuaciones coordinadas entre la administración autonómica, la Fiscalía, la Policía Nacional y el CNDES, con el objetivo de localizar a la niña y garantizar que casos similares no se repitan.
"Nuestro compromiso es la seguridad de los menores bajo tutela y la pronta actuación ante cualquier irregularidad", afirmó el portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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