Gobierno aprueba la cláusula Juana Rivas en la Ley de la Infancia
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma que introduce la cláusula Juana Rivas en la Ley de Protección Integral a la Infancia. La norma prohíbe la custodia compartida cuando existan indicios de daño físico, psíquico o emocional para el menor. La iniciativa, impulsada por la ministra Sira Rego (IU), busca evitar que la separación se convierta en una herramienta de control.
Detalles de la reforma y su impacto en la custodia compartida
La reforma obliga a investigar cualquier señal de perjuicio antes de conceder la custodia compartida. Si el niño muestra rechazo a uno de los progenitores, los servicios especializados deben averiguar la causa y garantizar un contacto seguro. La norma elimina la edad de 12 años como límite para escuchar al menor y prohíbe el uso del término "síndrome de alienación parental".
Además, se establece que en ningún caso podrá establecerse el régimen de custodia compartida cuando existan indicios de impacto negativo en la salud física, psíquica y emocional del niño. La medida refuerza la protección en casos de violencia de género, alineándose con la reforma que Lopivi limita la custodia compartida por riesgo emocional en la reforma aprobada.
"Se trata de uno de los artefactos que usa la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo", afirmó Sira Rego durante la presentación. La ministra añadió que las sentencias que empleen esa expresión podrán ser recurridas.
Contexto breve: evolución de la custodia y críticas feministas
Desde la Ley 15/2005, la custodia compartida ha pasado del 12 % en 2010 al 49,7 % en 2024, superando por primera vez a la custodia materna (46,6 %). La jurisprudencia la considera el régimen normal para garantizar el derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores.
Sin embargo, colectivos feministas denuncian que, en rupturas conflictivas, la custodia compartida puede ser usada por maltratadores para mantener el control sobre la mujer. Critican que la práctica facilite la evasión de la pensión alimenticia y la manipulación del menor.
El caso de Juana Rivas, que recibió apoyo público de las ministras Rego y Ana Redondo, ilustró la necesidad de escuchar a los niños. Rivas fue condenada en 2018 por sustraer a sus hijos del padre italiano y, recientemente, volvió a ser imputada por sustracción, reavivando el debate sobre la custodia.
Para entender mejor la tendencia actual, la columnista Laura Lobo advierte que "las peticiones de custodia compartida no garantizan la concesión judicial" y remite a su análisis en Divorcio de mutuo acuerdo: Laura Lobo advierte que las peticiones no garantizan la concesión judicial.
Cierre
La nueva cláusula obliga a los juzgados a priorizar la seguridad del menor sobre la igualdad formal entre progenitores. En los próximos meses, los tribunales deberán adaptar sus procedimientos y los profesionales de la infancia recibirán nuevas directrices. La medida podría marcar un punto de inflexión en la forma en que la legislación española equilibra la corresponsabilidad parental con la protección contra la violencia de género.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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