Multas por árboles y setos fuera de la normativa: la nueva medida que obliga a respetar distancias mínimas

Multas por árboles y setos fuera de la normativa: qué establece la nueva medida

A partir del 1 de junio de 2026 los ayuntamientos podrán imponer multas a los propietarios que planten árboles o setos sin respetar la distancia mínima establecida por el Código Civil. La medida obliga a mantener 2 m entre árboles altos y la línea divisoria y 50 cm entre arbustos o árboles bajos y el lindero. Quien infrinja la norma deberá recibir una orden de retirada del ejemplar y, si no obedece, se le aplicará una sanción económica según la ordenanza municipal.

Detalles de la normativa civil: distancias, derechos de corte y obligaciones

El artículo 592 del Código Civil otorga al vecino afectado el derecho a cortar ramas y raíces que invadan su parcela sin necesidad de autorización previa. Asimismo, permite la extracción de raíces que amenacen cimientos o tuberías. Cuando el árbol sirve como mojón del lindero, el artículo 593 exige el acuerdo de ambos propietarios para su derribo. Los setos que nacen en la linde se consideran propiedad común; cualquiera de los dos vecinos puede solicitar su supresión para mejorar la delimitación.

Esta regulación se aplica cuando no existen ordenanzas locales más restrictivas. En municipios que ya cuentan con normas de protección del arbolado urbano, la nueva medida refuerza la obligación de respetar los márgenes y facilita la actuación de los órganos competentes.

Consecuencias y próximos pasos para propietarios y ayuntamientos

El incumplimiento puede derivar en multas municipales, reclamaciones judiciales e indemnizaciones por daños y perjuicios. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 30 días para notificar la infracción y, si persiste, podrán elevar la sanción al máximo permitido por la ordenanza local. Los propietarios que deseen regularizar la plantación deberán presentar un proyecto de reubicación o solicitar la exención correspondiente, siempre que demuestren que la distancia mínima no es viable por razones técnicas.

Para los vecinos, la normativa ofrece una vía rápida de defensa: pueden exigir la retirada del árbol o seto invasor y, en caso de resistencia, acudir a la autoridad competente. La medida también implica una mayor coordinación entre propietarios y administraciones locales, que deberán actualizar sus catálogos de árboles y establecer protocolos de inspección.

En la práctica, la aplicación de estas reglas puede evitar litigios prolongados y reducir el número de denuncias por invasión de raíces o ramas. Como muestra la reciente expansión de la ZBE en cuatro municipios del Área Metropolitana de Barcelona, donde la gestión ambiental se ha convertido en prioridad municipal, la normativa de árboles refuerza la idea de que la convivencia vecinal depende también del respeto al espacio físico.

Los propietarios que ignoren la medida se arriesgan a enfrentar no solo sanciones económicas, sino también a perder la posibilidad de reclamar indemnizaciones si el árbol causa daños estructurales. Por su parte, los ayuntamientos deberán dotarse de recursos para la vigilancia y el cumplimiento, lo que implica la necesidad de personal especializado y de campañas informativas dirigidas a los vecinos.

En conclusión, la nueva normativa busca equilibrar la protección del arbolado con la seguridad y la tranquilidad de los propietarios, ofreciendo mecanismos claros para la resolución de conflictos y estableciendo sanciones que disuadan las infracciones.