PP lanza plan contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, anunció este martes un "Plan de acción urgente contra el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar". La iniciativa llega después de que dos guardias civiles, Germán (56) y Jerónimo (50), fueran asesinados persiguiendo una narcolancha en la costa de Huelva.
Sémper criticó al Gobierno por la falta de recursos y exigió la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ante el Congreso. El plan incluye siete propuestas que, según el portavoz, deben quedar por encima de la disputa partidista.
Medidas clave del plan y su justificación
Restaurar la unidad Ocón Sur, elite de la Guardia Civil especializada en el Estrecho, desmantelada por el actual Ejecutivo. "Funcionaba y su desaparición ha debilitado nuestra capacidad de respuesta", afirmó Sémper.
Dotar al servicio marítimo de armas no letales para neutralizar narcolanchas sin riesgos colaterales.
Modificar el marco penal para que los casos de crimen organizado se juzguen en la Audiencia Nacional, evitando presiones sobre jueces locales.
Reforzar la protección jurídica y personal de los funcionarios de prisiones, cada vez más expuestos a amenazas.
Endurecer las penas mediante una reforma del Código Penal que declare el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zona de especial singularidad operativa.
Incrementar la vigilancia marítima y aérea con tecnología avanzada y recursos proporcionales al desafío.
Reconocer a los guardias civiles como profesionales de riesgo, garantizando derechos y compensaciones.
Cada medida se presenta como una respuesta directa a la "precariedad" que, según Sémper, sufren los cuerpos de seguridad.
Contexto del conflicto en el Estrecho
El Estrecho de Gibraltar es una ruta estratégica para el tráfico de cocaína y otras drogas, donde el crimen organizado opera con redes transnacionales. La unidad Ocón Sur, creada en 2015, había logrado desarticular varias bandas antes de ser disuelta en 2023 por el Gobierno de coalición.
La reforma penal que permitiría juzgar estos delitos en la Audiencia Nacional lleva 69 semanas congelada en el Congreso, a pesar de haber sido aprobada como proposición de ley en el Senado. La falta de avances ha alimentado la presión política tras los asesinatos de Germán y Jerónimo.
Posibles repercusiones y próximos pasos
El Gobierno aún no ha respondido oficialmente al plan del PP, pero se espera que Grande‑Marlaska comparezca ante la comisión de interior en los próximos días. La oposición promete impulsar la reforma penal en el debate parlamentario, que ya supera las 69 semanas de dilación.
Si el plan se aprueba, la restauración de Ocón Sur y la transferencia de competencias a la Audiencia Nacional podrían cambiar la operatividad en el Estrecho, reforzando la seguridad marítima y penal. Para los lectores, la noticia subraya la urgencia de una respuesta estatal frente a una amenaza que afecta directamente a la convivencia y la seguridad ciudadana.
