Supremo solicita al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de Alvise Pérez
El Tribunal Supremo ha presentado un tercer suplicatorio ante el Parlamento Europeo para que se levante la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis "Alvise" Pérez. La petición, firmada por el magistrado Manuel Marchena, se basa en una denuncia por acoso y revelación de datos personales contra los exmiembros del partido SALF, Diego Adrián y Nora Junco.
Motivos y pruebas que sustentan la petición de suplicatorio
El magistrado Marchena señala que, en un pódcast difundido a finales de 2023, Alvise incitó a sus seguidores a perseguir y difamar a los denunciantes, revelando información privada y calificándolos de "corruptos" y "criminales". Según el auto judicial, esas declaraciones superan los límites de la libertad de expresión política y podrían constituir delitos de acoso y revelación de secretos.
Los denunciantes, ambos eurodiputados, aseguran que la campaña de hostigamiento les obligó a cambiar sus hábitos de comunicación y a temer por su seguridad. "Recibimos amenazas constantes y una ola de difamación en redes sociales que nos hizo cerrar varios canales de contacto", afirma Nora Junco en la querella.
El juez también destaca la difusión de datos personales de los denunciantes en redes sociales, una práctica que, según la legislación española, no está cubierta por la inmunidad parlamentaria. La investigación ya cuenta con testimonios de testigos y registros de publicaciones en línea que respaldan la acusación.
Posibles consecuencias y próximos pasos del procedimiento
Si el Parlamento Europeo accede al suplicatorio, la inmunidad de Alvise Pérez será suspendida y los fiscales podrán continuar la investigación penal por acoso y revelación de secretos. En ese caso, el eurodiputado podría ser citado a declarar y enfrentar cargos que, de confirmarse, podrían conllevar sanciones penales y la pérdida de su mandato.
En caso de que la Eurocámara rechace la solicitud, el caso quedará paralizado hasta que se presente un nuevo pedido. La decisión del Parlamento, prevista para la próxima sesión plenaria, será decisiva para el futuro político de Alvise Pérez y para el mensaje que envía a los demás eurodiputados sobre los límites de la inmunidad.
Contexto judicial del eurodiputado
Alvise Pérez ya enfrenta cuatro procesos judiciales en el Tribunal Supremo. En tres de ellos, los jueces instructores han solicitado previamente autorización a la Eurocámara para actuar contra él. Hace unas semanas, el Parlamento retiró su inmunidad en un caso distinto, relacionado con una supuesta agresión a la fiscal Susana Gisbert.
La nueva petición se centra en una querella presentada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron el partido SALF tras denunciar una campaña de hostigamiento posterior a las elecciones europeas de 2024. Ambos alegan que Alvise utilizó su posición para lanzar una ofensiva personal contra ellos, motivada por su voto en la Eurocámara sobre el rearme europeo.
Durante su comparecencia ante el juez en enero, Alvise negó haber fomentado el acoso, argumentando que sus palabras formaban parte de un debate político legítimo. Sin embargo, el magistrado Marchena consideró que la difusión de datos personales y los llamados a la persecución exceden el ámbito de la discusión parlamentaria.
Implicaciones para la Eurocámara y la política española
La decisión del Parlamento Europeo tendrá repercusiones más allá del caso concreto. Un rechazo al suplicatorio podría ser interpretado como un fortalecimiento de la inmunidad parlamentaria, mientras que su aceptación reforzaría la idea de que los eurodiputados están sujetos a la ley como cualquier ciudadano.
Para los lectores, el caso pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión política y los límites legales al acoso. También subraya la importancia de los mecanismos de control judicial sobre los representantes electos, un tema que sigue generando debate en la sociedad española.
Próximos pasos
El Parlamento Europeo debatirá la solicitud en su próxima sesión plenaria, programada para mediados de junio. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la investigación abierta y ha solicitado a la autoridad judicial que, en caso de levantarse la inmunidad, se proceda con la citación del eurodiputado para que responda a los cargos presentados.
La ciudadanía seguirá atenta a la resolución, que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los casos de presunto acoso dentro de las instituciones europeas.
