Vertidos ilegales España: más de 17.100 sanciones en 2025 y la crisis en Almería

España registra más de 17.100 infracciones por vertidos ilegales en 2025

En 2025 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó 17.173 infracciones contra la normativa de residuos y vertidos, a lo que se suman 143 sanciones por contaminación atmosférica. Además, se contabilizaron 137 infracciones penales, entre ellas 61 por vertidos de residuos peligrosos. Los agentes implicados incluyen la Guardia Civil, policías autonómicas y locales, y las Confederaciones Hidrográficas cuando el agua está en juego. Estas actuaciones provocaron la detención de 132 personas y la imposición de multas que superan los diez millones de euros. Los focos geográficos más críticos siguen siendo Andalucía, el País Vasco y zonas rurales de difícil acceso, donde la vigilancia es más limitada.

Almería: 400 puntos de vertido y 560 campos de fútbol de residuos

Ecologistas en Acción ha identificado más de 400 puntos de vertido en Almería, casi todos de plásticos procedentes de invernaderos agrícolas. Los agricultores, al no pagar la gestión de residuos, los abandonan en ramblas y márgenes de carreteras. Según los cálculos de la ONG, entre 10.000 y 15.000 toneladas de residuos plásticos se generan al año en la provincia, una masa que, extendida, cubriría 560 campos de fútbol. "Con los invernaderos en expansión desde los años 80 y 90, la cantidad de residuos ha crecido de forma enorme, sobre todo desde 2016, cuando China dejó de comprar los plásticos", explica el portavoz de Ecologistas en Acción.

Contexto legal y ambiental de los vertidos ilegales

A principios de 2024 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por mantener 195 vertederos ilegales sin cerrar desde 2008, acusando al Estado de incumplir la normativa ambiental. Para intentar mapear el problema, Ecologistas en Acción lanzó la web ciudadana Stop vertidos ilegales, que ya ha registrado 939 denuncias: 851 de residuos sólidos, 21 de aguas residuales, 32 de invernaderos abandonados y 32 de residuos peligrosos. De esos avisos, 372 fueron remitidos a la autoridad competente y 22 han sido limpiados. El caso sigue abierto en el TJUE y la presión de la sociedad civil obliga a las administraciones a acelerar el cierre y la rehabilitación de los sitios contaminados. El incumplimiento prolongado no solo daña ecosistemas acuáticos, sino que también aumenta el riesgo para la salud pública. En los próximos meses se esperan nuevas inspecciones conjuntas entre Seprona y autoridades autonómicas, con el objetivo de reducir la cifra de infracciones y evitar sanciones adicionales del Tribunal Europeo. La ciudadanía, ahora más informada y con herramientas de denuncia, jugará un papel clave para que los vertidos ilegales dejen de ser una constante en el paisaje español.