Fondo de 1.776 millones del DOJ para aliados de Trump: el acuerdo que cambia la política estadounidense

Fondo de 1.776 millones de dólares para aliados de Trump

El Departamento de Justicia anunció este lunes la puesta en marcha de un fondo de 1.776 millones de dólares, denominado *Anti‑Weaponization Fund, destinado a atender reclamaciones de personas que alegan haber sido perseguidas por administraciones demócratas. La iniciativa surge como parte de un acuerdo que obliga al expresidente Donald Trump a retirar una demanda de 10 000 millones de dólares contra el IRS.

El fondo, creado en el contexto del 250.º aniversario de EE. UU., busca ofrecer una vía legal para que los presuntos afectados presenten sus casos ante la justicia federal, sin que el Ejecutivo intervenga directamente en la decisión final.

Detalles del acuerdo y funcionamiento del fondo

El pacto entre Trump, sus hijos y el DOJ establece que, al abandonar la demanda, el gobierno federal destinará los recursos a un fondo que cubrirá denuncias de supuestos abusos legales cometidos por administraciones demócratas. Entre los posibles beneficiarios se encuentran figuras vinculadas al asalto al Capitolio de enero de 2021.

La jueza que supervisa el caso ha citado a ambas partes para que expliquen la relación entre los abogados privados de Trump y los funcionarios del DOJ, y ha dispuesto que el fondo se administre bajo estricta supervisión judicial para evitar cualquier colusión.

Reacciones y posibles repercusiones políticas

93 legisladores demócratas presentaron una queja formal acusando al DOJ de conspirar para beneficiar a los aliados de Trump. "Jamás en la historia de EE. UU. un presidente en ejercicio ha solicitado un acuerdo monetario al Gobierno que dirige", declararon en el documento presentado ante la corte.

Los críticos subrayan lo inédito de la medida y advierten que podría erosionar la percepción de independencia del Departamento de Justicia. El futuro del fondo dependerá de la decisión de la jueza, que podría anularlo o autorizar su ejecución, lo que tendría consecuencias directas en la polarización política y en la confianza ciudadana en las instituciones federales.