Condenan a tres años de cárcel a ex director de la Junta por ayuda irregular a Consyproan

Sentencia y penas

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia contra Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, imponiéndole tres años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta. La condena se basa en los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por la concesión de una ayuda de 262.500 € a la constructora Consyproan.

El tribunal también ha condenado al administrador único de Consyproan, considerándolo cooperador necesario. Al acusado se le imponen veintidós meses de cárcel, tres años de inhabilitación y la obligación de devolver íntegramente la ayuda a la Junta de Andalucía.

Detalles de la ayuda y de la condena al administrador de Consyproan

En marzo de 2010 el representante de Consyproan envió a la Dirección General de Trabajo diversa documentación. Un mes después, Rivera, recién nombrado director, aprobó la ayuda pese a que la empresa no cumplía los requisitos legales. La resolución oficial simuló una ayuda sociolaboral de 350.000 € destinada a 89 trabajadores, aunque la cuantía real concedida fue de 262.500 €.

Durante el juicio, el administrador único admitió los hechos y aceptó la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del PP-A. La sentencia destaca que no existe documentación que justifique el uso del dinero recibido y que la Dirección General de Trabajo no realizó ninguna comprobación posterior.

Posibles repercusiones y próximos pasos

Rivera y el administrador de Consyproan pueden interponer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Mientras se resuelve el recurso, la Junta de Andalucía recuperará los fondos y se prevé un refuerzo de los controles internos para evitar nuevas irregularidades en la concesión de ayudas públicas.

"Esta sentencia envía una señal clara de que el uso indebido de fondos públicos no quedará impune", ha señalado el portavoz de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión refuerza la vigilancia sobre los procesos de ayudas y podría motivar reformas en la normativa de gestión de recursos en la comunidad autónoma.