El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Territori i Sostenibilitat, Albert Dalmau, firmaron este miércoles los acuerdos resultantes de la tercera Comisión Bilateral en Madrid. La reunión, que reunió a los máximos representantes del Estado y de la Generalitat, concluyó con una hoja de ruta de inversiones y reformas.

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Vista de los trenes de Rodalies estacionados en Vilanova i la Geltrú, extremo sur de la futura línea orbital ferroviaria
Vista de los trenes de Rodalies estacionados en Vilanova i la Geltrú, extremo sur de la futura línea orbital ferroviaria

Se pactó la construcción de la línea orbital de tren en la segunda corona metropolitana de Barcelona, con un coste estimado de 5.200 millones de euros. El proyecto conectará la R8 de Rodalies con las líneas R4, R3, R2, R1 y los Ferrocarrils de la Generalitat, mejorando la movilidad de millones de usuarios.

Se crea la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones, con participación de la Generalitat, para acelerar obras como la mejora de Rodalies y el mantenimiento de la AP‑7. La entidad contará con un consejo asesor formado por sindicatos y patronales, garantizando una gestión más ágil.

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Imagen de un vehículo de los Mossos d'Esquadra en acción
Imagen de un vehículo de los Mossos d'Esquadra en acción

El financiamiento de la línea orbital se realizará mediante un protocolo de colaboración que se firmará este año, seguido de un convenio que definirá los aportes de ambas partes. "Este es un paso decisivo para la conectividad de Cataluña y la seguridad de sus ciudadanos", subrayó el ministro Torres.

La nueva sociedad de inversiones busca eliminar el "déficit estructural de infraestructuras estratégicas en Catalunya" y dotará a los proyectos de flexibilidad presupuestaria, respondiendo a la exigencia del ERC dentro del acuerdo de presupuestos.

El Consorci de la Zona Franca pasará a tener una titularidad del 45 % del Estado y 55 % catalana, distribuida en 40 % para la Generalitat y 15 % para el Ayuntamiento de Barcelona. Este reparto pretende equilibrar el control del principal nodo logístico de la región.

El Estado financiará 70.600 euros por cada agente adicional de los Mossos d'Esquadra, con un objetivo de 25.000 agentes y un coste total estimado de 210 millones de euros para 2030. La ampliación de la plantilla se realizará de forma progresiva, con metas anuales hasta alcanzar los 3.000 nuevos efectivos.

El desembolso de los fondos destinados a los Mossos se incorporará al presupuesto general del Estado, lo que supone una presión adicional pero también una inversión en seguridad pública que el Govern considera prioritaria.

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El protocolo de colaboración ferroviaria se firmará antes de final de año, y la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones iniciará sus operaciones en el primer trimestre de 2027. La transición de la gestión de la Zona Franca se completará en 2028, tras la ratificación de los nuevos estatutos.

La incorporación de agentes Mossos seguirá un calendario que culminará en 2030, con incrementos anuales que permitirán ajustar la dotación a las necesidades de seguridad. Estos acuerdos podrían reforzar la confianza entre Madrid y Barcelona, pero también exigirán un seguimiento riguroso del cumplimiento de los plazos y los presupuestos.

María Jose Madrid Gómez
María Jose Madrid Gómez

Corresponsal Política

Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.

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