El ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau se reunieron este miércoles en el Ministerio de Política Territorial para la tercera Comisión Bilateral de la legislatura. En la sesión se pactaron siete compromisos que responden a las exigencias del Govern y de ERC.
Los acuerdos abarcan infraestructuras de transporte, inversión estatal, gestión de la Zona Franca y refuerzo policial, con cifras que superan los 5.200 millones de euros y un objetivo de 25.000 efectivos de los Mossos d'Esquadra para 2030.

Qué se acordó en la tercera Comisión Bilateral del miércoles en el Ministerio de Política Territorial, con la presencia del ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau
En la reunión, el Estado confirmó la construcción de la línea orbital de tren en la segunda corona metropolitana de Barcelona, un proyecto que conectará la R8 con las líneas R1‑R4 y el FGC. El coste estimado asciende a 5.200 millones de euros y el protocolo de colaboración se firmará este año.
Se impulsará la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones (SMIE), con participación de la Generalitat y un consejo asesor integrado por sindicatos y patronales. Su misión será acelerar obras como la mejora de Rodalies y el mantenimiento de la autopista AP‑7.

Detalles de los siete acuerdos clave
El Consorci de la Zona Franca pasará a una titularidad mixta: 45 % al Estado y 55 % a Cataluña, repartidos en 40 % para la Generalitat y 15 % para el Ayuntamiento de Barcelona.
El aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra recibirá 70.600 euros por agente adicional, con un objetivo de 25.000 efectivos. El coste total para el Estado se estima en 210 millones de euros, equivalentes a la incorporación de 3.000 agentes hasta 2030.
Además, se creó un grupo de trabajo para ampliar la formación en lengua catalana entre los empleados de la Administración General del Estado en Cataluña, y se lanzó un proyecto piloto del Centro Integral de Atención Ciudadana para unificar trámites de fallecimientos.
Próximos pasos y retos de la bilateral
Se espera la firma del protocolo de la línea orbital antes de fin de año, seguida de un convenio de financiación que detalle los aportes de ambas partes. Los acuerdos de la SMIE y la gestión de la Zona Franca requerirán la aprobación de sus respectivos consejos asesores.
El reto principal será cumplir los plazos de ampliación policial y de obra hasta 2030, superando posibles retrasos presupuestarios y la coordinación entre administraciones. El éxito de estos pactos determinará la capacidad de Cataluña para mejorar su movilidad, competitividad y seguridad.
Los ciudadanos de la región observarán de cerca la puesta en marcha de estos proyectos, que prometen reducir tiempos de desplazamiento, reforzar la presencia policial y dinamizar la actividad económica del puerto y la zona logística.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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