Fiscalía de Barcelona pide hasta 14 años de prisión por tráfico de tortugas protegidas

Fiscalía de Barcelona pide hasta 14 años de prisión por tráfico de tortugas protegidas: Resumen de la acusación: diez imputados enfrentan penas de 6 a 14 años y medio y una indemnización por el mantenimiento de los animales incautados

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una acusación contra diez personas vinculadas a una organización dedicada al tráfico ilegal de tortugas protegidas. La solicitud contempla penas que van desde 6 años hasta 14 años y medio de prisión para cada imputado, además de una indemnización destinada a cubrir los gastos de mantenimiento de los animales incautados.

Los cargos incluyen pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contrabando y blanqueo de capitales. La Fiscalía también exige el pago de una compensación económica para el Estado por los costes de custodia y atención de las tortugas confiscadas.

Detalles del caso y modus operandi de la red criminal: La investigación, iniciada en 2017, reveló una organización que importaba tortugas de Mauricio y Seychelles, las vendía en España y Europa a precios de hasta 20.000 €, y operaba bajo la fachada de criadores registrados

La investigación se originó en una operación de 2017 en Madrid contra el tráfico de especies protegidas. A partir de escuchas telefónicas, los agentes identificaron a un criador de reptiles en Cataluña que actuaba como punto de entrada de tortugas procedentes de Isla Mauricio y Seychelles.

Una vez en territorio español, los animales eran transportados en furgonetas sin la documentación requerida y sin microchips de identificación. La red los comercializaba a través de anuncios en internet, redes sociales, una tienda de animales y ferias de reptiles en distintas ciudades europeas. Los precios alcanzaban los 20.000 € por ejemplares como la tortuga gigante de Galápagos (Chelonoidis nigra) o la tortuga estrellada de Madagascar (Astrochelys radiata).

Para dar apariencia de legalidad, los acusados falsificaban certificados y documentos de origen, o elaboraban papeles ex profeso. La Fiscalía señala que la colaboración entre los miembros era constante, aunque sin una jerarquía clara, lo que dificultó la detección temprana del delito.

Próximos pasos judiciales y posibles repercusiones: El juzgado de Barcelona juzgará a los acusados en los próximos meses; una condena firme podría reforzar la legislación contra el tráfico de especies y aumentar la cooperación entre la Guardia Civil y los agentes rurales

El juzgado de Barcelona ha fijado la fase de juicio para los próximos meses. Si la sentencia se confirma, se espera que marque un precedente en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre, reforzando la legislación existente y potenciando la coordinación entre la Guardia Civil y los Agents Rurals de la Generalitat.

«Esta acusación muestra el compromiso de las autoridades para proteger la biodiversidad y sancionar a quienes lucran con la venta ilegal de especies protegidas», afirmó la fiscal delegada Laura Ricart.

Una condena firme podría impulsar nuevas inspecciones en ferias de reptiles y endurecer los controles sobre la importación de animales exóticos, reduciendo así el mercado negro que alimenta a redes criminales como la investigada.