Resumen de la comparecencia judicial
Roberto Palencia, técnico de la Consellería de Vivienda, compareció este miércoles ante la magistrada del juzgado de Alicante. Fue interrogado por la presunta adjudicación irregular de 140 expedientes de viviendas de Les Naus. En su declaración negó haber dicho "la he cagado" y sostuvo que su actuación se limitó a un mero trámite administrativo basado en la documentación aportada por los solicitantes.
El funcionario explicó que su labor consistía en comprobar que la documentación estuviera en regla y en visarla sin añadir criterios propios. Aseguró que nunca consideró necesario abstenerse de visado por incompatibilidad, pese a que la solicitud de su esposa, la arquitecta municipal Elsa Lloret, fue una de las revisadas.
Detalles del caso
Palencia admitió haber asumido la tramitación de los 140 expedientes porque el departamento carecía de personal y la persona que antes realizaba esa tarea había dejado el puesto. Ante la falta de recursos, se ofreció voluntario para controlar los expedientes de la urbanización de La Condomina, donde se encuentran los pisos de Les Naus.
En 2022 fue suspendido de empleo y sueldo por visado irregular de la solicitud de su esposa, que no cumplía los requisitos exigidos por la Consellería. Sin embargo, el expediente administrativo se cerró y el funcionario fue restituido en su puesto mientras se resuelve la causa penal.
Durante el interrogatorio, Palencia reveló que informó a su esposa de la existencia de las viviendas de protección pública en La Condomina, pero sostuvo que nunca comunicó una posible incompatibilidad porque, a su juicio, no existía motivo para abstenerse. También indicó que él y su esposa están considerando una separación física, aunque no han iniciado un proceso de divorcio.
Próximos pasos judiciales
La magistrada indicó que la investigación continuará para determinar si existen irregularidades e incompatibilidades en el visado de los expedientes. La causa penal contra Palencia sigue abierta y podrá derivar en sanciones penales si se comprueban delitos de prevaricación o tráfico de influencias.
Se espera que el juzgado solicite informes a la Consellería de Vivienda y al Ayuntamiento de Alicante para esclarecer la cadena de decisiones que llevó al visado de la solicitud de Elsa Lloret. Además, la defensa de Palencia ha anunciado que presentará pruebas documentales que acrediten la buena fe de los solicitantes y la ausencia de manipulación administrativa.
En caso de que la investigación concluya con responsabilidad penal, Palencia podría enfrentarse a penas de inhabilitación y multa, además de la posible pérdida definitiva de su puesto en la administración pública.
El desarrollo de este caso es relevante para los ciudadanos de Alicante, ya que pone de relieve la gestión de la vivienda protegida y la necesidad de controles internos que eviten conflictos de interés.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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