PSOE propone sanciones de hasta 2.000 euros a diputados expulsados del pleno: la medida que busca frenar los altercados en el Congreso | Noticias Última Hora
PSOE propone sanciones de hasta 2.000 euros a diputados expulsados del pleno
El PSOE ha presentado al pleno del Congreso una iniciativa para modificar el reglamento interno y establecer sanciones económicas de hasta 2.000 € a los diputados que sean expulsados de una sesión. La propuesta, anunciada el miércoles, busca dotar a la Mesa de herramientas efectivas para responder a conductas que alteren el orden del debate. Hasta la fecha, la normativa solo permite la suspensión inmediata y sin consecuencias financieras posteriores.
Según el texto, la multa se aplicaría automáticamente una vez que la Mesa haya dictado la expulsión, sin necesidad de un procedimiento adicional. El importe sería ingresado en el Tesoro y descontado del salario del parlamentario. La iniciativa modifica dos artículos del reglamento que regulan la suspensión temporal y la conducta de los diputados dentro del hemiciclo. El cambio incluye un nuevo apartado que define como causa sancionable la violencia o intimidación graves contra la Presidencia, la Mesa o el personal de la Cámara.
El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría socialista y de varios grupos parlamentarios que consideran insuficientes las medidas actuales. Sin embargo, partidos de la oposición han pedido garantías para evitar posibles abusos.
Detalles de la iniciativa y del incidente que la motivó
La reforma surge como respuesta directa al episodio ocurrido a mediados de abril, cuando el diputado de Vox José María Sánchez García se acercó al vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y le dirigió una agresión verbal. El altercado tuvo lugar mientras Rodríguez Gómez de Celis ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja.
Tras el enfrentamiento, el vicepresidente decidió expulsar a Sánchez García de la sesión, lo que le impidió participar en los debates y votar durante una semana. La normativa vigente no permite imponer sanciones económicas posteriores a la expulsión, lo que dejó al Parlamento sin recursos para castigar la conducta.
El propio incidente incluyó también un roce con una letrada del Congreso, que fue objeto de una amenaza verbal por parte del diputado de Vox. Ese hecho reforzó la percepción de que el reglamento carece de mecanismos para proteger al personal de la Cámara.
Los socialistas han señalado que la falta de herramientas ha quedado patética ante conductas que ponen en riesgo la dignidad de la institución. Por eso, la reforma propone que la sanción económica sea automática y que la lista de supuestos de suspensión se amplíe para cubrir tanto la violencia física como la intimidación grave.
El texto también contempla la posibilidad de que la Mesa elabore una propuesta motivada, que deberá ser sometida a votación en una sesión secreta del pleno, garantizando la confidencialidad del proceso. Esta medida pretende evitar la politización pública de los casos individuales.
Próximos pasos del proceso legislativo
Una vez presentada la iniciativa, la Mesa del Congreso redactará la propuesta motivada y la remitirá al pleno para su debate. El proyecto será examinado en una sesión secreta, tal como establece el propio reglamento para este tipo de materias.
Si la mayoría del pleno aprueba la reforma, entrará en vigor de forma inmediata y permitirá sancionar a futuros diputados expulsados con la multa prevista. La entrada en vigor será automática, sin necesidad de una ley adicional.
En caso de rechazo, el PSOE ha indicado que volverá a presentar la iniciativa en la siguiente legislatura, argumentando que la seguridad del debate parlamentario no puede esperar. El partido también ha anunciado que seguirá impulsando otras medidas de disciplina interna.
Para los ciudadanos, la reforma supone un intento de reforzar la autoridad del Congreso y garantizar que los representantes mantengan un comportamiento respetuoso durante las sesiones. Una normativa más estricta podría traducirse en un debate más ordenado y en una mayor confianza en las instituciones.
