Regularización administrativa extraordinaria: cierra el 30‑jun‑2024 y ya se escuchan críticas

Regularización administrativa extraordinaria: cierre el 30‑jun‑2024 y primeras críticas

El proceso de regularización administrativa extraordinaria finaliza el 30 de junio de 2024. La jurista especializada en extranjería Laia Costa (SOMS Garrotxa) ha señalado graves carencias en la información institucional, la saturación de los servicios y una dependencia excesiva del tercer sector.

Costa advierte que la falta de planificación podría generar exclusiones y desigualdades, pese a que el programa se presentó como una oportunidad histórica para regularizar a trabajadores precarios.

Problemas operativos y el papel del empadronamiento

La ausencia de una campaña institucional clara ha dejado a los solicitantes sin orientación. Muchos expedientes llegan incompletos y se reportan cobros abusivos por gestiones que deberían ser gratuitas. La dependencia del tercer sector se ha traducido en una carga de trabajo que supera sus recursos.

Aunque el padrón no es requisito legal, se utiliza como prueba de permanencia. En varios municipios se ha dado de baja a personas empadronadas sin domicilio fijo, obligándolas a desplazarse a otras localidades para intentar regularizarse. Esa movilidad forzada ha provocado bajas en municipios y ha complicado la tramitación de los expedientes.

Perspectivas y riesgos para los solicitantes

Sin una coordinación eficaz entre administraciones, la oportunidad de regularizar a miles de trabajadores en sectores como cuidados, restauración, industria cárnica y agricultura corre el riesgo de convertirse en exclusión. La falta de recursos en los servicios sociales impide una asistencia adecuada y deja a los solicitantes a merced de entidades sin suficiente capacidad.

Costa exige la activación inmediata de los servicios sociales y una estrategia clara que garantice la igualdad de trato. De lo contrario, la regularización podría traducirse en una nueva ola de denegaciones y en la perpetuación de la vulnerabilidad de quienes ya cumplen los requisitos formales.

Qué puede pasar a continuación

Con el cierre del proceso a pocos meses, las administraciones deberán decidir si amplían plazos, refuerzan los recursos o implementan mecanismos de acompañamiento para evitar la exclusión masiva. La presión de organizaciones sociales y la opinión pública podrían impulsar una revisión del modelo, pero mientras tanto, los solicitantes siguen en la incertidumbre.