Resumen de los hechos
La Unidad Central Operativa (UCO) ha informado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, realizó pagos personales para financiar la fase final del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Los movimientos económicos aparecen en un informe presentado esta semana y podrían ampliar la imputación de cuatro delitos de corrupción que ya pesa sobre la protagonista.
Detalles de los pagos y gastos
El informe identifica dos transferencias realizadas desde la cuenta personal de Begoña Gómez. La primera corresponde a un gasto de taxi a Sandra A.A, registrado como un desembolso menor. La segunda es una transferencia de 3 570 € a la empresa Transform TSC SL, creada por la propia Gómez, cuyo motivo no quedó esclarecido.
Además, la investigadora señala que la esposa del presidente cubrió los costes de registro de tres marcas: 127,88 €, 206,57 € y 23,19 € por una modificación posterior. El dominio web www.transformatsc.org también fue abonado con 118,58 €.
Estos importes difieren de los gastos habituales de la cátedra, que normalmente se financian con fondos de la Universidad. La defensa ha sostenido que los registros se realizaron por indicación de la propia Complutense, como ocurre en otras cátedras. La UCO comparó estos pagos con otros de cuantía similar que sí fueron cubiertos por la universidad y constató la irregularidad del origen de los fondos.
Contrataciones cuestionadas
El documento policial también apunta a la contratación de Making Science Group SA y Deloitte Consulting SLU para el desarrollo de la plataforma del software. Según la UCO, los expedientes de Deloitte se habrían elaborado como un mero marco administrativo para dar apariencia de legalidad a la contratación.
La investigación indica que Deloitte inició sus funciones antes de la adjudicación formal del primer contrato y que los servicios prestados no coincidieron con los plazos establecidos. Asimismo, se sugiere que las condiciones de los contratos fueron predefinidas para limitar la concurrencia de otros licitadores. La auditoría interna de la universidad no detectó anomalías, pero el informe señala que el precio y los plazos coincidían con los requisitos previamente acordados entre Deloitte y la cátedra.
En el caso de Making Science Group, la UCO no ha encontrado irregularidades sustanciales, pero mantiene la observación de que la empresa fue seleccionada sin seguir el procedimiento abierto exigido por la normativa.
Posibles consecuencias judiciales
El juez Juan Carlos Peinado, que ya imputa a Begoña Gómez por cuatro delitos de corrupción, podría ampliar la acusación para incluir los pagos personales y las presuntas irregularidades en la contratación externa. La defensa deberá justificar la procedencia de los fondos y la legalidad de los contratos con Deloitte y Making Science. De no lograrlo, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares y, en última instancia, la apertura de un proceso penal.
La Fiscalía ha solicitado la ampliación de la diligencia y la defensa planea presentar pruebas de autorización institucional para los pagos y contrataciones. El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos universitarios y la posible colusión entre cargos públicos y empresas vinculadas a sus familiares.
Mientras el tribunal analiza el informe de la UCO, la ciudadanía espera respuestas claras sobre el uso de recursos privados en proyectos académicos y sobre la integridad de la cátedra que lleva el nombre de la esposa del presidente.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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