Siete acusaciones populares fueron presentadas contra David Sánchez este jueves, en el proceso judicial que investiga la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente. Las denuncias fueron interpuestas por seis agrupaciones de derecha y ultraderecha bajo la coordinación del abogado de Manos Limpias. Cada acusación se presentó de forma unificada durante la fase de instrucción, pero se separó para el juicio, lo que obligará a los jueces a realizar siete interrogatorios y siete peticiones de testigos.

El fiscal ha reiterado su solicitud de sobreseimiento y, en última instancia, la absolución de Sánchez y los demás imputados. No existen denuncias particulares de perjudicados; la presión proviene exclusivamente de los colectivos citados.

Cómo y por qué actúan las acusaciones populares

Todas las denuncias siguen el mismo guion: se presentan como una sola pieza durante la instrucción y, al llegar al juicio, se fragmentan. El objetivo es crear una carga procesal que obligue al tribunal a atender múltiples preguntas y testimonios, ralentizando el procedimiento y generando una exposición mediática constante.

Los abogados de los siete grupos coordinan sus preguntas y la selección de testigos, de modo que cada acusación refuerza la narrativa de la anterior. Según una de las defensas, "se percibe una clarísima intencionalidad política", al intentar desgastar al Gobierno mediante la saturación judicial.

Tradicionalmente, la figura de la acusación popular fue utilizada por colectivos de izquierda, ecologistas, asociaciones vecinales y víctimas para perseguir a poderosos y grandes empresas. Durante décadas, estos actores fueron los principales impulsores de la herramienta legal, que permite a cualquier persona o entidad presentar una denuncia sin ser parte directa del proceso.

En los últimos años, la ultraderecha ha adoptado el mecanismo, replicando el modelo de Manos Limpias. Organizaciones como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, Desengrasante El Milagrito y Foro Libertad y Alternativa aparecen ahora en la lista de acusadores, todas bajo la bandera de defender la "libertad" y atacar cualquier causa que pueda dañar al Ejecutivo.

Esta inversión de usos ha convertido la acusación popular en un arma política, utilizada para generar presión judicial y mediática contra el Gobierno, tal como ocurre en el caso de Sánchez.

En conclusión, la estrategia de presentar siete denuncias populares simultáneas busca crear una carga procesal que dificulte la defensa del Ejecutivo y mantenga el foco mediático en la supuesta corrupción. El resultado del juicio y la respuesta del tribunal determinarán si esta táctica se consolida como un nuevo recurso de la ultraderecha en la arena judicial española.

María Jose Madrid Gómez
María Jose Madrid Gómez

Corresponsal Política

Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.

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