Represión turca y falta de reacción europea
La detención de Ekrem Imamoglu, candidato opositor a la presidencia, ha ampliado la persecución política en Turquía. Desde hace 14 meses el exalcalde de Estambul está tras las rejas bajo 142 delitos que, acumulados, ascienden a 2.400 años de prisión. La Unión Europea y la OTAN han respondido con declaraciones tibias de "preocupación" y sin medidas concretas.
Esta actitud contrasta con la rapidez con que la UE impuso sanciones a Rusia tras la detención del líder opositor Alexei Navalni. La ausencia de condenas firmes por parte de Bruselas alimenta la percepción de doble moral y debilita su autoridad moral en temas de democracia.
Detalles de la represión y la pasividad de la UE
Imamoglu fue arrestado justo después de ser elegido candidato presidencial por el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Los cargos incluyen corrupción, espionaje, crimen organizado y supuesta colaboración con el PKK. El juicio, iniciado el 9 de marzo, se ha convertido en un símbolo del uso del sistema judicial como arma contra la oposición.
A diferencia de la sanción impuesta a Rusia por la detención de Navalni, la UE sólo ha emitido notas de "preocupación" y no ha activado mecanismos de presión diplomática ni sanciones económicas. Ni el Parlamento Europeo ni la Comisión han condenado expresamente la persecución de Imamoglu, pese a las protestas masivas en Turquía y las denuncias de Human Rights Watch.
