Salvador Milà a un paso de juicio por presunta adjudicación irregular

Salvador Milà a un paso de juicio por presunta adjudicación irregular

Una jueza del tribunal de instancia de El Vendrell ha dictado un auto que cierra la fase de instrucción y sitúa a Salvador Milà a las puertas del juicio por indicios de prevaricación. El auto, firmado el pasado lunes, se basa en la presunta adjudicación irregular de un contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Altafulla. La decisión está ya recurrida ante la Audiencia de Tarragona, que resolverá si se mantiene la acusación.

El procedimiento forma parte de una investigación más amplia que también incluye al exalcalde Félix Alonso. Ambas causas comparten el mismo juzgado y el mismo argumento: la supuesta contratación a dedo de empresas vinculadas al entorno político del consistorio. La jueza ha señalado que, aunque la instrucción ha finalizado, los indicios son suficientes para llevar a juicio a Milà.

Los fiscales han solicitado que se continúe con la acusación por prevaricación, argumentando que la falta de concurso público vulnera los principios de transparencia y legalidad en la contratación municipal. La defensa de Milà ha presentado un recurso que pide la revocación del auto por falta de pruebas concluyentes. La Audiencia de Tarragona decidirá en los próximos días si el caso avanza a fase de juicio oral.

Detalles del contrato y las facturas cuestionadas

El caso gira en torno a un contrato menor de asesoría jurídica suscrito en 2016 por 12.100 €, con una duración máxima de un año. La contratación se realizó tras un decreto del alcalde que obligó a la secretaria municipal a elaborar un informe sobre la conveniencia de externalizar el servicio, al no poder hacerlo con personal propio. La interventora del ayuntamiento certificó que había fondos suficientes para cubrir el importe del contrato.

Una vez finalizado el contrato, la empresa de Milà siguió emitiendo facturas sin respaldo contractual. En total, se contabilizaron 12 facturas que suman 31.720 €, correspondientes a supuestos servicios de asesoramiento continuado durante tres años. Estas facturas fueron presentadas sin ningún procedimiento de adjudicación, lo que constituye el núcleo de la acusación de prevaricación.

Además, el auto recoge facturas adicionales por conceptos ajenos al asesoramiento jurídico: una de 4.911 € y otra de 1.031,7 €, también emitidas sin contrato. La defensa sostiene que dichos importes corresponden a servicios legítimos prestados, pero la falta de documentación contractual impide verificar su legalidad. Los fiscales consideran que la emisión de estas facturas sin concurso público evidencia una arbitrariedad que vulnera la normativa de contratación pública.

En 2017, el Ayuntamiento firmó un nuevo contrato de asesoramiento con la empresa gestionada por los exconsellers Joan Ignasi Elena y Joan Herrera, lo que ha derivado en otras investigaciones por presuntas adjudicaciones a dedo. Ese caso sigue abierto y se está evaluando si existe una trama de contratación irregular que involucre a varios exfuncionarios de la zona.

Posibles consecuencias judiciales

Si la Audiencia de Tarragona confirma los indicios señalados por la jueza, Salvador Milà podría ser procesado por delito de prevaricación. La legislación contempla penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas que pueden superar los 10.000 €. Además, la condena podría implicar la pérdida de la condición de aforado que le otorga su condición de exdiputado.

El recurso presentado por la defensa busca anular el auto y evitar que el caso llegue a juicio. Sin embargo, los fiscales han subrayado que la gravedad de los hechos y el importe total de las facturas sin contrato justifican la continuación del proceso. La decisión de la Audiencia será clave para determinar si se abre una fase de juicio oral o si el caso se archiva.

Este episodio se inscribe en una serie de investigaciones que buscan esclarecer la gestión de contratos municipales en la comarca del Tarragonès. La opinión pública sigue atenta, pues la percepción de corrupción en la administración local puede erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La resolución final del caso podría sentar un precedente importante sobre la exigencia de transparencia en la contratación pública.

Cierre

En los próximos días, la Audiencia de Tarragona emitirá su fallo sobre el recurso, determinando si el proceso avanza hacia el juicio oral. De confirmarse los indicios de prevaricación, el caso de Salvador Milà podría convertirse en uno de los ejemplos más visibles de la lucha contra la adjudicación irregular en la política local.