Qué ocurrió
El Tribunal Supremo ha emitido un auto que obliga al Gobierno a paralizar la emisión de permisos de residencia y trabajo a migrantes. La decisión se produce mientras se examinan los recursos presentados contra la regularización extraordinaria aprobada en abril. El alto tribunal exige que la tramitación de nuevos permisos se suspenda hasta que se dicte una resolución definitiva.
La medida afecta a todas las solicitudes que, hasta ahora, habían sido admitidas a trámite. Aunque la admisión de solicitudes puede seguirse, las autoridades deben abstenerse de avanzar en su tramitación. El auto también mantiene en vigor las órdenes de expulsión firmes, pese a que el decreto original preveía su suspensión automática.
Alcance de la medida cautelar
El Supremo ha limitado la suspensión a las disposiciones adicionales 20.2, 21.4, 20.5 y 21.5 del decreto de regularización. Estas normas regulaban, respectivamente, la concesión de permisos provisionales y la revocación de órdenes de expulsión o devolución. Con la suspensión parcial, la admisión de solicitudes continúa, pero la concesión de permisos provisionales queda prohibida.
La autoridad judicial también ha anulado la parte del decreto que permitía la obtención automática de un permiso provisional al presentar la solicitud. De este modo, los solicitantes pueden presentar su documentación, pero no recibirán ningún documento que les habilite a trabajar o residir legalmente mientras dure la medida.
