Vivienda: tres años de la Ley por el Derecho a la Vivienda y sus efectos
La Ley por el Derecho a la Vivienda celebra su tercer aniversario. En este periodo los alquileres han subido 31% y la oferta de viviendas ha disminuido 30%, concentrándose la escasez en cuatro comunidades autónomas.
Este desequilibrio afecta a inquilinos y propietarios. Los precios más altos reducen la capacidad de gasto de las familias y aumentan la presión sobre los servicios sociales en esas regiones.
Causas y consecuencias de la crisis de vivienda
La demanda sigue alta porque la construcción es lenta, cara y está plagada de trabas burocráticas. Además, muchos propietarios retienen viviendas vacías por la inseguridad jurídica que implica alquilarlas.
La vivienda ha dejado de ser solo un techo: es ahorro, refugio contra la inflación, activo de inversión y, en muchos casos, recurso turístico. Esa pluralidad de usos eleva los precios más allá de lo que pueden pagar los arrendatarios.
"Mientras la oferta se mantenga limitada y la normativa siga desalentando la construcción, el mercado seguirá favoreciendo a los propietarios sobre los inquilinos", señala Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la UGR.
