Ayudas anticrisis energéticas: qué medidas expiran el 30 de junio
El paquete de ayudas anticrisis energéticas, anunciado en 2023, pierde vigencia el 30‑jun‑2024. Entre los instrumentos que desaparecen están la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica y la reducción del impuesto especial al 0,5 %. Además, finalizan las subvenciones al combustible para transportistas, agricultores y pescadores, el refuerzo del bono social eléctrico y las bonificaciones dirigidas a la industria electrointensiva.
Estas medidas fueron clave para contener la inflación energética y proteger el poder adquisitivo de los hogares durante la fase más crítica del conflicto en el Golfo Pérsico. Sin ellas, se espera un repunte de los precios de la energía que repercutiría en la factura eléctrica de los consumidores y en los costes de producción de las empresas más intensivas en consumo eléctrico.
Razones y criterios para una posible prórroga
El Ministerio de Economía, liderado por el vicepresidente primero y ministro Carlos Cuerpo, ha abierto un proceso de consulta con sindicatos, asociaciones empresariales y el sector energético para valorar la continuidad del apoyo. La principal razón es la incertidumbre generada por el conflicto entre EE. UU. e Irán, que mantiene paralizado el estrecho de Ormuz, vía por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El conflicto lleva ya cerca de 100 días y cualquier escalada podría reducir la oferta global de crudo, encareciendo los precios del petróleo y, por extensión, la generación eléctrica. El Gobierno también considera la necesidad de contener la inflación y salvaguardar la competitividad de la industria española, que depende de precios estables de la energía para mantener su posición en los mercados internacionales.
"España está respondiendo bien al shock del conflicto de Irán", afirma el Ministerio, subrayando que la posición del país en refino y su cooperación con Bruselas le otorgan una ventaja frente a otros socios europeos para afrontar el verano con garantías.
Escenarios futuros y posibles impactos
En las próximas semanas el Ejecutivo decidirá entre tres opciones: dejar expirar todas las ayudas, prorrogar integralmente el paquete o mantener solo algunas medidas focalizadas. Cada escenario tiene consecuencias distintas para los hogares y la industria.
Si las ayudas desaparecen, se prevé un aumento de la factura eléctrica que podría superar el 10 % en el primer trimestre de verano, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y presionando a la industria electrointensiva, que podría trasladar los costes a los precios finales de sus productos.
Una prórroga total mantendría la estabilidad del suministro eléctrico y protegería el consumo de los hogares, pero supondría un mayor gasto público en un momento de déficit presupuestario. Una extensión parcial, centrada en el bono social y en las bonificaciones industriales, buscaría equilibrar la protección social con la sostenibilidad fiscal.
El Gobierno también evalúa la posibilidad de ajustar la reducción del impuesto especial al 0,5 % para evitar una caída de ingresos tributarios que afecte la financiación de otras políticas públicas.
En cualquier caso, la decisión será decisiva para la competitividad de la industria española y para la capacidad de los hogares de afrontar el consumo eléctrico durante los meses de mayor demanda. La evolución del conflicto en el Golfo y la disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales seguirán siendo los principales indicadores que guiarán la política energética del Gobierno en el verano.
El Ministerio de Economía continuará el seguimiento permanente de las consecuencias económicas y sociales del conflicto, manteniendo el contacto con el tejido empresarial y los sindicatos para ajustar la respuesta a la evolución de la situación.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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