Gobierno destina 12 millones a barreras móviles en el Guadalquivir
El Ministerio del Interior, junto al Puerto de Sevilla, firmó el 19 de mayo un convenio para destinar más de 12 millones de euros a la instalación de barreras móviles a lo largo del río Guadalquivir. El objetivo es impedir la entrada de narcolanchas, tras la muerte de dos guardias civiles que perseguían una de estas embarcaciones.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla y anunciado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, en una interpelación al Senado. La inversión cubre el diseño, la fabricación y la puesta en marcha del sistema a lo largo de todo el cauce.
Cómo funcionarán las barreras y por qué son necesarias
El proyecto, desarrollado durante varios años con informes de la Guardia Civil, prevé sistemas móviles que se adapten al cauce sin dañar el medio ambiente. Cada unidad está constituida por pilotes de acero rellenos de hormigón, tubos de 80 cm de diámetro y 1,2 cm de espesor, dispuestos en zigzag cada 2,4 m.
Estas barreras permitirán a los cuerpos de seguridad cerrar tramos del río de forma rápida, bloquear rutas de navegación y controlar el paso de embarcaciones sospechosas. El diseño modular facilita su retirada o reubicación según la necesidad operativa.
La necesidad surge tras el fallecimiento de dos guardias civiles en una persecución que evidenció la falta de control efectivo en el río. La Guardia Civil había alertado durante años de la pérdida del "principio de autoridad" frente a los narcotraficantes.
"Han sido necesarios muchos informes de la Guardia Civil para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir", afirmó el ministro Grande‑Marlaska.
Próximos pasos y expectativas en la lucha contra el narcotráfico
La licitación del sistema está prevista para los próximos meses. Se espera que la adjudicación se realice bajo estrictas condiciones de confidencialidad para evitar que los narcos conozcan los detalles técnicos.
Una vez instaladas, las barreras deberían reducir significativamente la actividad de narcolanchas en el Guadalquivir y mejorar la seguridad de la zona. Las autoridades confían en que la medida disuada a los traficantes y facilite el trabajo policial.
Sin embargo, el gobierno mantendrá ciertos aspectos del proyecto en reserva, pues revelar demasiada información podría comprometer su eficacia. Las fuentes del Interior insisten en que la discreción es clave para el éxito de la operación.
En 2016, una barrera similar se instaló en el río Guadarranque, en San Roque, demostrando la viabilidad del método. Aquella instalación, completada en dos meses, contó con 25 pilotes y se mantuvo operativa durante varios años.
El ministro reiteró que la medida forma parte de una política más amplia de control de rutas marítimas y fluviales, complementada por operaciones en alta mar y en puertos.
"Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho", señaló Grande‑Marlaska al responder a preguntas del Senado.
Si la iniciativa cumple sus objetivos, se prevé que otras cuencas españolas adopten sistemas similares, creando una red de barreras que limite la entrada de droga por vías fluviales.
En definitiva, la inversión de 12 millones de euros representa un paso concreto y urgente para reforzar la lucha contra el narcotráfico, ofreciendo a los ciudadanos una mayor garantía de seguridad en la ribera del Guadalquivir.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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