Prohibición de bebidas energéticas a menores de 16 años

El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha puesto en marcha una consulta pública para aprobar un anteproyecto de ley que prohibiría la venta y la publicidad de bebidas energéticas a menores de 16 años. La iniciativa se presentó hoy en el acto conmemorativo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y busca proteger a los jóvenes de los riesgos asociados al consumo excesivo de cafeína.

Detalles de la medida y sus fundamentos

El proyecto establece que la prohibición se aplicará a cualquier bebida que contenga más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml. En esos casos, la edad mínima para la compra se eleva a 18 años. La normativa se basa en las recomendaciones de la Aesan y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierten sobre trastornos del sueño, problemas cardiovasculares y pérdida de masa ósea en adolescentes.

Según la encuesta Estudes del Ministerio de Sanidad, 38,4 % de los jóvenes entre 14 y 18 años consume estas bebidas, y un 15 % combina su ingesta con alcohol, lo que multiplica los riesgos para la salud. La medida también contempla la prohibición de cualquier campaña publicitaria dirigida a menores, limitando la exposición a estrategias de marketing agresivas.

Contexto normativo en España

Galicia fue la primera comunidad autónoma en prohibir la venta y el consumo de bebidas energéticas a partir de los 18 años, normativa que entró en vigor el 7 de marzo. Asturias está elaborando una norma similar, siguiendo la misma edad límite. A nivel nacional, la propuesta complementa el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya prohíbe la venta de estas bebidas dentro de los centros educativos.

Estas iniciativas regionales han demostrado que la restricción es viable y que los establecimientos pueden adaptarse sin grandes dificultades. Además, la medida nacional busca uniformizar la protección en todo el territorio, evitando disparidades entre comunidades.

Próximos pasos legislativos

Una vez concluida la fase de consulta pública, el anteproyecto pasará a la tramitación parlamentaria. El objetivo es aprobar la ley antes de que finalice la legislatura, prevista para dentro de un año. De aprobarse, la normativa entrará en vigor a los seis meses, dando tiempo a comercios y fabricantes para ajustar sus prácticas.

Los defensores de la medida argumentan que la regulación no es paternalista, sino una respuesta necesaria a la evidencia científica y a la presión del marketing sobre una población vulnerable. "La regulación protege a los menores frente a estrategias de marketing agresivas sin limitar la libertad de los adultos", señaló Jesús Francisco García‑Gavilán, investigador en la Universitat Rovira i Virgili.

Los críticos, principalmente del sector comercial, advierten sobre posibles efectos en la competitividad y en la oferta de productos sin azúcar. Sin embargo, el Ministerio insiste en que la prioridad es la salud pública y que la medida se alinea con políticas europeas que buscan reducir el consumo de sustancias estimulantes en menores.

En caso de aprobación, se espera una reducción significativa del consumo adolescente, lo que, según expertos, podría traducirse en menos episodios de hipertensión, insomnio y trastornos óseos entre los jóvenes. La sociedad civil y las familias seguirán vigilando la implementación para asegurar que la normativa cumpla su objetivo de proteger a la próxima generación.