Registro policial de Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao: la UCO busca pruebas del rescate de la SEPI

Asimismo, se revisan los vínculos entre Fernández Guerrero, la dirigente socialista Leire Díez y el empresario vasco Antxon Alonso, quienes supuestamente formaron un grupo de mensajería en Threma llamado Hirurok para coordinar comisiones. La autoridad busca pruebas documentales que confirmen esas comunicaciones.

Posibles consecuencias y próximos pasos

Tubos Reunidos se encuentra en concurso de acreedores, con la SEPI como principal acreedor, reclamando 160 millones de euros más intereses generados desde el rescate. El resultado de los registros podría desencadenar nuevas diligencias judiciales contra la empresa y sus ex directivos.

Si se confirman irregularidades, el juez Pedraz podría ordenar la revisión del acuerdo de rescate, lo que implicaría una renegociación de la deuda con la SEPI y potenciales sanciones económicas para los implicados.

En caso de que los hallazgos sean insuficientes, la empresa continuará su proceso concursal bajo la supervisión del administrador judicial, mientras la SEPI mantiene su posición como acreedor mayoritario.

Los próximos días verán la presentación de los informes periciales ante el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción ya ha indicado que, de existir indicios de delito, se activará la fase de instrucción para determinar responsabilidades penales.

Mientras tanto, los sindicatos de la compañía han anunciado protestas en Amurrio y Trapagaran, exigiendo claridad sobre el futuro laboral de los 300 empleados amenazados con despido. La presión social añade un componente adicional al proceso judicial.

El Gobierno vasco ha solicitado a la SEPI que flexibilice la deuda, argumentando que la empresa atraviesa una fase crítica y que la carga financiera podría impedir la reactivación de la planta. Sin embargo, la autoridad central mantiene su postura de cobrar la totalidad del crédito.

En resumen, los registros de la UCO marcan un punto de inflexión en la investigación que parte del rescate de 2021 y que ahora se extiende a posibles conflictos de intereses y comisiones ocultas. El desenlace determinará no solo la situación financiera de Tubos Reunidos, sino también la credibilidad de los mecanismos de ayuda estatal.

Los lectores deben seguir de cerca los boletines judiciales, pues cualquier decisión del juez Pedraz afectará directamente a los acreedores, empleados y al tejido industrial de la zona. La evolución del caso será decisiva para entender cómo se gestionan los rescates públicos en el futuro.

Hace 5h