Registro policial de Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao
Agentes de la UCO de la Guardia Civil, por mandato del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, realizaron este lunes registros en la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio y en sus oficinas del centro de Bilbao. La intervención se produjo sin previo aviso y contó con el apoyo de peritos informáticos para la captura de datos.
Los operativos se repiten tras la visita de diciembre, cuando los agentes revisaron correos electrónicos y documentos internos. En esta ocasión, la orden judicial amplía el alcance de la pesquisa, incluyendo servidores, archivos físicos y dispositivos móviles de los directivos presentes en ambas sedes.
Objetivo del registro: pruebas del rescate de la SEPI
La investigación persigue evidencias de presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que la SEPI concedió a la compañía en 2021. Se examina si el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, mantuvo influencia sobre la operación a pesar de haber dejado el organismo en 2019.
Durante el rescate, Tubos Reunidos contrató a Fernández Guerrero como consultor externo a través de una consultora de Zaragoza, facturando casi 115 mil euros. La investigación verifica si esos pagos se realizaron dentro del marco legal o si fueron canalizados para obtener favores.
Asimismo, se revisan los vínculos entre Fernández Guerrero, la dirigente socialista Leire Díez y el empresario vasco Antxon Alonso, quienes supuestamente formaron un grupo de mensajería en Threma llamado Hirurok para coordinar comisiones. La autoridad busca pruebas documentales que confirmen esas comunicaciones.
Posibles consecuencias y próximos pasos
Tubos Reunidos se encuentra en concurso de acreedores, con la SEPI como principal acreedor, reclamando 160 millones de euros más intereses generados desde el rescate. El resultado de los registros podría desencadenar nuevas diligencias judiciales contra la empresa y sus ex directivos.
Si se confirman irregularidades, el juez Pedraz podría ordenar la revisión del acuerdo de rescate, lo que implicaría una renegociación de la deuda con la SEPI y potenciales sanciones económicas para los implicados.
En caso de que los hallazgos sean insuficientes, la empresa continuará su proceso concursal bajo la supervisión del administrador judicial, mientras la SEPI mantiene su posición como acreedor mayoritario.
Los próximos días verán la presentación de los informes periciales ante el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción ya ha indicado que, de existir indicios de delito, se activará la fase de instrucción para determinar responsabilidades penales.
Mientras tanto, los sindicatos de la compañía han anunciado protestas en Amurrio y Trapagaran, exigiendo claridad sobre el futuro laboral de los 300 empleados amenazados con despido. La presión social añade un componente adicional al proceso judicial.
El Gobierno vasco ha solicitado a la SEPI que flexibilice la deuda, argumentando que la empresa atraviesa una fase crítica y que la carga financiera podría impedir la reactivación de la planta. Sin embargo, la autoridad central mantiene su postura de cobrar la totalidad del crédito.
En resumen, los registros de la UCO marcan un punto de inflexión en la investigación que parte del rescate de 2021 y que ahora se extiende a posibles conflictos de intereses y comisiones ocultas. El desenlace determinará no solo la situación financiera de Tubos Reunidos, sino también la credibilidad de los mecanismos de ayuda estatal.
Los lectores deben seguir de cerca los boletines judiciales, pues cualquier decisión del juez Pedraz afectará directamente a los acreedores, empleados y al tejido industrial de la zona. La evolución del caso será decisiva para entender cómo se gestionan los rescates públicos en el futuro.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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