Declaración de David Sánchez tras la acusación de la UCO
David Sánchez compareció hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz, tras la acusación de la UCO de que la plaza fue diseñada para él. En su intervención, el hermano del presidente del Gobierno sostuvo que no conoce la lógica que llevó a la creación del puesto y que cooperará con la justicia.
La comparecencia coincidió con la fase final del juicio de 11 procesados por presuntos desvíos en la Diputación de Badajoz. Sánchez declaró que responderá únicamente a las preguntas de la defensa, sin admitir ni negar los hechos.
Detalles de la investigación de la UCO y el papel de Miguel Ángel Gallardo
El jefe de operaciones judiciales de la UCO, Antonio Balas, explicó que el análisis de correos electrónicos de 14 altos cargos reveló que la plaza se concibió con un único destinatario: David Sánchez Pérez‑Castejón. La unidad judicial intervino 4 900 correos del hermano del presidente tras la orden de la jueza Beatriz Biedma en verano de 2024.
Según Balas, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, fue el único responsable de impulsar el proceso, usando su capacidad política para encauzar los recursos humanos. Gallardo habría promovido la creación del puesto en octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez aún era secretario general del PSOE, y habría seguido la tramitación hasta su formalización en mayo de 2017.
La investigación también detectó un intento de alquiler de vivienda por parte de David Sánchez el mismo día en que la comisión evaluó a los 11 candidatos, lo que refuerza la sospecha de favorecimiento. Además, se citó la declaración de Ricardo Cabezas, ex líder del PSOE en Badajoz, quien afirmó haber escuchado a Pedro Sánchez mencionar que su hermano era músico en una conversación informal.
Posibles consecuencias judiciales para los investigados
La defensa de los acusados busca desvincular a Pedro Sánchez de cualquier influencia, argumentando que la creación del puesto coincidió con su periodo como secretario general del PSOE, pero sin pruebas de intervención directa. Los fiscales podrían solicitar la imputación de Gallardo y de los funcionarios que gestionaron la plaza por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, delitos que conllevan penas de hasta cinco años de prisión y multas.
Si el tribunal confirma la versión de la UCO, el caso podría erosionar la imagen del Gobierno y alimentar la presión política sobre el presidente, que ya enfrenta varias polémicas en su agenda. Los partidos de la oposición han pedido la dimisión del presidente y la renuncia de los implicados, mientras la ciudadanía exige claridad sobre el uso de recursos públicos.
Los abogados de la acusación señalan que la prueba documental es contundente y que la defensa tendrá dificultades para desacreditar el diagnóstico de Balas. La defensa, por su parte, insistirá en que el puesto respondía a una necesidad institucional y no a un beneficio personal.
El desarrollo del juicio en los próximos días será decisivo para determinar si la acusación se traduce en condenas y para medir el impacto en la estabilidad del Ejecutivo. La audiencia continuará con la declaración de Gallardo a las 10:00 h, seguida de la del hermano del presidente, lo que marcará el rumbo del proceso judicial.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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