Irregularidades en la contratación del PP en Valencia: Antifraude remite el caso al SNCA

En primer lugar, Olano se abstuvo en la votación del 5 de junio de 2025 sin identificar la empresa que motivaba el conflicto. La normativa exige que la abstención incluya la identificación del licitador, requisito que no se cumplió.

En segundo lugar, la Mesa de Contratación se constituyó sin el quórum necesario. La Agencia constató que, tras la retirada del presidente, no se designó a un sustituto y la sesión siguió sin la mayoría requerida.

El tercer fallo consiste en la continuación de la sesión a pesar de la ausencia del presidente. El órgano consideró que la retirada del presidente no habilita automáticamente al resto de miembros para seguir deliberando.

El cuarto punto se refiere a la falta de registro formal de la abstención y su causa, lo que vulnera la transparencia del procedimiento. La Agencia insiste en que toda abstención debe quedar reflejada en acta con la identificación del conflicto.

Por último, las alegaciones presentadas por el concejal fueron desestimadas. La Agencia concluye que la documentación aportada no justifica los incumplimientos detectados y mantiene la calificación de irregularidad.

Posibles consecuencias y seguimiento del caso

El expediente completo, incluida la resolución y la denuncia, ha sido remitido al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), dependiente de la Intervención General del Estado. El SNCA evaluará las posibles responsabilidades legales tanto del concejal como del consistorio.

Según la Agencia, el Ayuntamiento no tiene responsabilidad directa porque desconocía las actividades profesionales privadas de Olano. Sin embargo, se insta al consistorio a evaluar las consecuencias legales derivadas de la falta de veracidad del edil.

La alcaldesa María José Catalá enfrenta críticas de Compromís, que la acusa de ocultar el informe durante un mes. La denuncia sostiene que la falta de difusión del documento impide la transparencia exigida a la administración local.

Entre las recomendaciones de Antifraude se incluye la obligación de incorporar la identificación de la empresa que motiva la abstención en todas las actas. Además, se sugiere la implantación de la DACI (Declaración de Agentes de Contratación e Interés) en todas las licitaciones municipales.

El caso se mantiene abierto y se espera que el SNCA emita un dictamen en los próximos meses. La decisión podría conllevar sanciones administrativas o incluso la inhabilitación del concejal para ejercer cargos públicos. La ciudadanía valenciana sigue atenta a la evolución, pues el alcance económico de los contratos en cuestión supera los 255 millones de euros.