Antoni Milian propone ley contra el sinhogarismo con 100 millones al año
Antoni Milian, catedrático honorario de Derecho Administrativo de la UAB, ha vuelto a presentar la Ley de Medidas Transitorias y Urgentes para erradicar el sinhogarismo en Cataluña. La iniciativa, que ya había sido rechazada en la legislatura anterior, vuelve al Parlament con la promesa de destinar 100 M€/año durante los primeros cuatro o cinco años de aplicación.
Milian asegura que, con esa inversión, "en dos años nadie viviría en la calle". La propuesta no garantiza una vivienda permanente, sino un techo digno, que puede incluir pensiones, plazas en hoteles temporales o albergues, y, a futuro, viviendas de inserción.
Financiación y alcance de la propuesta legislativa
El presupuesto actual dedicado al sinhogarismo es insuficiente: la Generalitat asigna 23 M€ y el Ayuntamiento de Barcelona 50 M€. En contraste, la Taula del Tercer Sector ha comprometido 75 M€ en los próximos dos años para reforzar la acción social.
La nueva ley exige 100 M€/año en los primeros años, cifra que supone un salto notable respecto a la financiación actual. Según datos de la ciudad, ya se registran 3.307 personas en alojamientos temporales urgentes por la crisis de vivienda (Barcelona registra 3.307 personas en alojamientos temporales urgentes por la crisis de vivienda).
Los fondos propuestos cubrirían una gama de servicios: desde la creación de plazas en hoteles y albergues hasta el desarrollo de equipamientos sociales y viviendas de inserción. Milian insiste en que la inversión es necesaria para evitar que la falta de techo siga siendo un problema estructural.
Próximos pasos y posibles obstáculos
La ley vuelve al Parlament catalán tras haber sido rechazada en la legislatura de Pere Aragonès. El texto debe superar 574 enmiendas antes de su aprobación definitiva. Los principales obstáculos provienen de los municipios, que temen no contar con los recursos financieros para asumir los nuevos servicios sociales que la ley prevé.
Milian ha mantenido conversaciones con la Consellera de Derechos Sociales, con el presidente de la Generalitat Salvador Illa y con el presidente del Parlament Josep Rull, quienes han manifestado su compromiso de aportar los recursos necesarios. Sin embargo, los grupos municipalistas siguen mostrando reticencia, argumentando que la carga financiera podría superar sus capacidades.
Otro punto conflictivo son las enmiendas que convierten derechos en servicios discrecionales, lo que podría dejar a la administración la decisión de ofrecerlos o no. Asimismo, las propuestas que excluyen a personas migrantes en situación irregular generan preocupación, ya que representan una parte importante de la población sin hogar.
Si la ley se aprueba a finales de año, como indica la consellera, el calendario permitiría iniciar su ejecución el próximo año. De no lograrse, la falta de una respuesta legislativa podría consolidar la situación de vulnerabilidad de miles de personas que actualmente viven en la calle.
En cualquier caso, la discusión sobre la financiación y la gestión del sinhogarismo seguirá siendo un tema central en la agenda política catalana, con repercusiones directas en la vida cotidiana de los ciudadanos más vulnerables.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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