Han pasado solo unos días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzara un acuerdo con Junts para aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los votos necesarios para garantizar su investidura. En ese momento, un veterano magistrado del Tribunal Supremo expresó su opinión sobre si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: 'La batalla se está perdiendo, pero todavía hay partido'.

Dos años después, la ley de amnistía en vigor no puede aplicarse al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno debido a la jurisprudencia creada por el Supremo. Este tribunal interpretó que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

El mismo magistrado del Supremo afirmó que los procedimientos judiciales en España cuentan con instrumentos suficientes para controlar y castigar a aquellos jueces que no realizan correctamente su trabajo. Sin embargo, un periodista le señaló que en algunos casos, las instancias superiores rechazan recursos contra la mala praxis de instructores y protegen al juez infractor.

A este respecto, el magistrado respondió: 'Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador'.