El Ministerio de Consumo ha informado a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler de sus inquilinos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre y cuando así lo soliciten. Estas empresas gestionan más de 100.000 viviendas de alquiler en España.
La carta, enviada por el director general de Consumo, informa a las empresas sobre la aprobación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de alquiler en respuesta al impacto de la guerra en Oriente Próximo. El texto, aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros, incluye dos iniciativas para reducir la tensión sobre los arrendamientos. Por un lado, congela los contratos a punto de vencer; por otro, establece topes del 2% a las actualizaciones anuales.
El documento explica cómo funciona la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato —sin subidas de precio— hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que la finalización del contrato estuviese prevista entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. El ministerio defiende que la norma genera un nuevo derecho de renovación por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador.
Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan las 13 inmobiliarias a las que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha enviado la carta. Consumo ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de la norma, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 21 de marzo y entró en vigor al día siguiente, pero necesita ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de un mes para que se mantenga en vigor. Han surgido dudas sobre qué pasaría con aquellos contratos que se acojan a la prórroga extraordinaria si finalmente la medida no recibe el visto bueno de las Cortes.
El Consejo de Ministros decidió partir en dos el paquete de ayudas para mitigar el golpe económico de la guerra, separando el decreto de vivienda del resto de medidas. La razón es que el propio Gobierno reconoce que de momento no tiene atados los votos suficientes para que la iniciativa sobre los alquileres sea convalidada en el Congreso.
El resto de ayudas, un plan valorado en 5.000 millones de euros, se centra en medidas dirigidas a suavizar el subidón de los precios energéticos causado por la contienda en Oriente Próximo. Las principales iniciativas se refieren a rebajas a la fiscalidad de la electricidad y de los carburantes.
La prórroga de los alquileres, según un cálculo aproximado que hizo Consumo el pasado viernes, atañe a alrededor de un millón de hogares en España, en los que vivirían unos 2,7 millones de personas. La estimación se basa en los contratos que se firmaron entre 2021 y 2022, y por tanto vencerían ahora.
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Redactor de Deportes
Periodista deportivo. Cubre la Liga y la selección española de fútbol.
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