Sentencia del TJUE contra España por interinos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que impide a España convertir a los funcionarios interinos en indefinidos no fijos. La resolución, emitida el pasado martes, señala que la normativa aprobada en 2021 vulnera el principio de estabilidad en el empleo público.
Con la decisión, el TJUE cierra la puerta a la práctica que permitía a algunos juzgados españoles transformar contratos temporales en puestos indefinidos sin plazo determinado. La Corte considera que esa vía "retroalimenta la temporalidad" y perpetúa la incertidumbre laboral.
Motivos y consecuencias de la decisión
El tribunal argumenta que la ley de 2021 no garantiza una protección efectiva contra la acumulación de contratos interinos. Según el fallo, las indemnizaciones previstas para el cese de la plaza son insuficientes para compensar el abuso de la figura del interino.
"La medida favorece la precariedad y vulnera los derechos de los trabajadores públicos", afirmó el presidente del TJUE en la sentencia. La Corte subraya que la normativa española permite una rotación constante de contratos, lo que dificulta la consolidación de carreras estables en la administración.
Para el Gobierno, la sentencia supone la obligación de revisar la legislación laboral del sector público. Se espera que el Ejecutivo presente un proyecto de reforma que elimine la posibilidad de crear indefinidos no fijos y que mejore las compensaciones por cese.
Los sindicatos han recibido la decisión como una victoria. Aseguran que la reforma será clave para frenar la "bolsa de interinos" que, según ellos, constituye un fraude de ley y un obstáculo para la eficiencia administrativa.
En el plano europeo, la resolución se suma a otras sentencias del TJUE que han condenado a varios estados miembros por prácticas similares. La Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que la temporalidad excesiva atenta contra la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los empleados públicos.
Qué puede pasar a continuación
El Gobierno español dispone de tres meses para adaptar la normativa a los requisitos del TJUE. Si no lo hace, la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento de infracción que acarrearía sanciones financieras.
Mientras tanto, los interinos que se encuentren bajo contratos temporales deberán esperar la nueva legislación para conocer sus derechos. La expectativa es que, a medio plazo, la estabilidad en el empleo público mejore y se reduzca la rotación de personal.
La sentencia marca un punto de inflexión en la política laboral española. Su cumplimiento podría sentar un precedente para otras áreas de la administración donde la temporalidad sigue siendo un problema estructural.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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