El miércoles 15 de abril la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica entra en funcionamiento. El organismo depende del Ministerio de Justicia y tiene como objetivo recibir y tramitar las solicitudes de indemnización de las víctimas de abusos cometidos por miembros del clero.

Inicio de la oficina de reparación de abusos sexuales en la Iglesia

La oficina abre sus puertas bajo la autoridad del Ministerio de Justicia y del ministro Félix Bolaños, quien ha subrayado que el paso no borra el daño, pero reconoce el sufrimiento de las víctimas. "No borra el daño causado, pero reconoce el sufrimiento de las víctimas y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación", declaró Bolaños en el Consejo de Ministros. Desde el primer día los afectados podrán presentar su solicitud a través de la sede electrónica del ministerio. La oficina será la primera ventana de atención, encargada de recibir, registrar y remitir los expedientes a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo.

Funcionamiento y requisitos para presentar la solicitud

Las peticiones deben enviarse a www.mpr.gob.es, con garantía de seguridad y privacidad. El plazo para presentar la solicitud es de un año prorrogable. Los solicitantes pueden elegir entre el nuevo sistema conjunto Iglesia‑Estado o el plan interno PRIVA que ya gestionaba la Conferencia Episcopal. Para iniciar el trámite, el interesado debe crear una cuenta en la sede electrónica, adjuntar la documentación acreditativa del abuso y rellenar el formulario de reparación. Una vez recibido, la unidad de tramitación verifica la información y la envía al Defensor del Pueblo, que cuenta con un equipo de especialistas independientes. El proceso contempla una fase de propuesta de resolución en tres meses y, si hay desacuerdo, la convocatoria de una comisión mixta en un plazo adicional de un mes. Para resolver dudas, la oficina pone a disposición el correo reparacion.abusosIC@mpr.es y el teléfono 91 837 22 95. Las solicitudes se dirigen exclusivamente al Ministerio de Justicia, no al Defensor del Pueblo.

Contexto del acuerdo entre Estado y la Conferencia Episcopal

El acuerdo que da origen a la oficina se firmó el 30 de enero entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española. La medida responde a la investigación iniciada en 2018, conocida como "Operación Alba", que ha recopilado 1.573 acusados y 2.977 víctimas de abusos sexuales en el clero. La base de datos, única en España, alimenta la necesidad de una vía oficial de reparación. El plan PRIVA, creado por la Conferencia Episcopal en 2015, había generado tensiones porque la Iglesia quería mantenerlo como vía exclusiva; el acuerdo incluyó la opción de que la víctima elija entre PRIVA y el nuevo sistema, superando la objeción episcopal. En otras polémicas recientes, como el testimonio de Gonzalo Fraga sobre el caso Kitchen, se ha puesto de relieve la importancia de contar con mecanismos transparentes para la justicia Testimonio de Gonzalo Fraga en el caso Kitchen revela pagos de 2.000 € a Sergio Ríos. El mismo mes, el presidente del tribunal Koldo García ha corregido preguntas de la defensa en otro proceso judicial, subrayando la atención al debido proceso Koldo García: presidente del tribunal corrige preguntas de la defensa y controla el interrogatorio.

Con la oficina operativa, las víctimas disponen de una vía rápida y estructurada para obtener una reparación que puede ser económica, simbólica o restaurativa. La primera resolución se espera en un plazo máximo de tres meses, tras la valoración del Defensor del Pueblo y la posterior aprobación por la comisión asesora de la Iglesia. El seguimiento de estos procesos será clave para medir la efectividad del acuerdo y la confianza de la sociedad en la respuesta institucional.

María Jose Madrid Gómez
María Jose Madrid Gómez

Corresponsal Política

Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.

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