Pagos certificados a los partidos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha verificado que, entre 1999 y 2013, constructoras relacionadas con el caso Azud abonaron 615.823 € al PSPV‑PSOE y 87.264 € al PP para financiar gastos electorales. Los pagos provienen de empresas investigadas por presuntas irregularidades en adjudicaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Valencia y municipios colindantes.
Detalles de los pagos, reuniones y regalos
El informe indica que el director de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver, sostuvo varias reuniones con el empresario investigado Jaime Febrer en locales de ocio y en sedes de la propia empresa. Durante esos encuentros, Bellver recibió relojes valorados entre 2.000 y 3.000 € como dádivas, supuestamente para influir en trámites urbanísticos.
Paralelamente, la UCO señala que se pactó una comisión de 2 millones de euros vinculada al convenio ACUAMED‑Xixona. De esa suma, 563.500 € fueron destinados a José Luis Vera, abogado del grupo Axis, y 615.823 € al PSOE mediante la contratación de servicios de publicidad y comunicación que se descontaron de los gastos de campaña de 2007‑2008.
El mismo convenio benefició al PP: la empresa del Grupo Engloba recibió 87.264 € para cubrir los trabajos de la campaña municipal de Xixona en 2007, presentada por Rosa María Verdú.
Posibles repercusiones judiciales y políticas
Los datos aportados por la UCO pueden originar nuevas diligencias judiciales contra los implicados, incluidos Bellver, Febrer y los dirigentes del PSOE y del PP señalados. La Consellería de Transparencia podría ser citada a responder ante la ciudadanía y los tribunales por presuntas irregularidades en la gestión de fondos electorales.
El PSOE ha defendido la legalidad de sus operaciones, afirmando que «todos los pagos están respaldados por justificantes y han sido auditados por el Tribunal de Cuentas». El PP, por su parte, ha calificado las acusaciones de «infundadas y motivadas por intereses políticos».
Conclusión
La certificación de la UCO abre un nuevo capítulo en el caso Azud, poniendo bajo la lupa la financiación de partidos en la Comunidad Valenciana y la posible colusión entre empresarios y cargos públicos. La evolución de las investigaciones determinará si se traducen en procesos judiciales y en una mayor exigencia de transparencia por parte de la sociedad.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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