Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 aprobado con 7.000 millones: el Gobierno triplica la dotación

Aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta final del Gobierno de Pedro Sánchez para el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030. El plan, que se materializa mediante un Real Decreto, eleva la financiación a 7.000 millones de euros, tres veces la cantidad asignada al anterior programa. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, declaró que el objetivo es «blindar la oferta pública y que ni un euro vaya a la especulación», subrayando que la medida busca una solución estructural al déficit habitacional.

Financiación y críticas de la oposición

El esquema de financiación reparte la carga entre el Estado y las comunidades autónomas: 60 % del presupuesto corresponde al Estado, aunque está condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales, y 40 % a las comunidades. El Partido Popular (PP) ha calificado este reparto como inviable, argumentando que la parte autonómica se multiplica seis veces respecto a la anterior y que gran parte del dinero estatal depende de un presupuesto aún no aprobado. «La financiación es directamente inviable. El Estado dice que aporta el 60 %, pero obliga a las comunidades a multiplicar por seis su esfuerzo», señaló una fuente de la Comunidad de Madrid.

Desde la oposición regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tacha el plan de «intervencionista», una posición que se recoge en Ayuso tacha de intervencionista el Plan Estatal de Vivienda de Sánchez. El PP también recuerda que la parte estatal está supeditada a los Presupuestos Generales, cuya aprobación se ha retrasado por cuarta vez en diez meses, lo que, según el partido, pone en riesgo la ejecución del plan.

Próximos pasos y posibles obstáculos

La puesta en marcha del plan depende de la firma de convenios bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma. La ministra Isabel Rodríguez debe concluir estas negociaciones antes de la Conferencia Sectorial prevista para mayo, momento en que se aprobará la distribución territorial de los fondos. Si los convenios no se firman a tiempo, las comunidades no podrán recibir los recursos asignados.

Un obstáculo adicional es la incertidumbre presupuestaria nacional. El 60 % estatal está condicionado a los Presupuestos Generales, cuya aprobación aún está pendiente. La demora en este proceso podría frenar la disponibilidad de fondos y retrasar la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación y ayudas directas previstas en el plan.

En resumen, el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 representa un salto cuantitativo importante en la política habitacional, pero su efectividad dependerá de la capacidad del Gobierno para cerrar los convenios con las comunidades y superar los retrasos presupuestarios. El debate entre el Ejecutivo y la oposición sugiere que la fase de implementación será tan decisiva como la aprobación del presupuesto.

«Hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero», comentó el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en una entrevista con Radio Nacional, reflejando la desconfianza que parte de la oposición mantiene sobre la ejecución del plan.