Jueza de Barcelona investiga a tres profesoras del St. George por acceso al móvil de menor
La jueza de la Audiencia Provincial de Barcelona ha abierto una instrucción contra tres profesoras del colegio británico St. George por haber accedido al móvil de un alumno de 14 años. El presunto acceso se habría producido en enero de 2024, antes de la compra del centro por International Schools Partnership (ISP).
Durante ocho meses de instrucción, las docentes, entre ellas la directora del centro, han declarado como investigadas, al igual que el menor y su padre, quienes comparecieron ante el juzgado la semana pasada.
Fachada del colegio St. George en Barcelona
El padre del menor ha presentado una querella por coacciones y revelación de secretos, alegando que su hijo fue presionado para entregar la clave del móvil. "Nunca hubo presión alguna; mi hijo actuó voluntariamente", asegura el progenitor.
Las profesoras aseguran que el alumno entregó la clave de forma voluntaria y que no hubo coacción. Declaran que, al solicitar el móvil, el menor explicó que necesitaba borrar un vídeo que había circulado en un chat de WhatsApp. Según la demanda, las docentes, bajo instrucciones de la directora, amenazaron con la intervención de la policía y la expulsión del colegio.
El menor habría sufrido una crisis de ansiedad tras la presión ejercida, requiriendo asistencia médica. Tras una hora de interrogatorio, los docentes le permitieron salir brevemente del despacho, pero el episodio culminó con la expulsión del alumno y de otros compañeros.
Detalles del caso y versiones de las partes
El incidente se originó cuando el alumno, bajo la premura de eliminar un vídeo comprometedor, entregó su móvil a dos profesoras en la oficina de coordinación. Las docentes, según la versión del padre, insistieron en revisar el contenido antes de permitir su borrado, amenazando con consecuencias legales.
La defensa de las profesoras sostiene que el menor proporcionó la clave sin presión y que la solicitud de revisión era una medida preventiva para evitar la difusión de material sensible. La abogada de las docentes se ha negado a comentar públicamente.
La dirección actual del colegio ha aclarado que los hechos ocurrieron bajo la gestión de los anteriores propietarios, antes de la adquisición por ISP, y que no ha recibido respuesta de los antiguos dueños.
Posibles consecuencias judiciales
La jueza, que dictó un auto en agosto del año pasado admitiendo la querella, evaluará si los hechos constituyen delito de coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. De confirmarse, las profesoras podrían enfrentarse a penas de prisión y multas, además de la posible inhabilitación para ejercer funciones docentes.
El proceso seguirá su curso con la práctica de pruebas y la posible comparecencia de testigos. Mientras tanto, el caso plantea dudas sobre los límites del control docente sobre dispositivos personales de menores y la necesidad de contar con el consentimiento paterno.
El desenlace tendrá repercusión en la normativa interna de centros educativos privados y en la confianza de los padres respecto a la gestión de datos de sus hijos.
